La organización Front Line Defenders exigió a las autoridades de Puebla retirar los cargos contra Miguel López Vega, defensor del río Metlapanapa y exhortó a investigar los delitos que se le imputan y hacer públicos los resultados.

A través de un desplegado, Front Line Defenders, red internacional de defensa de los derechos humanos,  exigió  a las autoridades locales retirar los cargos contra Miguel López Vega; liberarlo inmediatamente; iniciar una investigación imparcial y garantizar protección a pobladores de Santa María Zacatepec,

López Vega se encuentra internado en el Cereso de San Miguel bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

La organización también demandó garantizar que todos los defensores y defensoras de Derechos Humanos puedan desarrollar sus actividades de forma libre y sin miedo o restricciones, no solamente en Puebla sino en todo el país

Hubo amenazas de muerte previas

Front Line Defenders documentó que antes de la detención de López Vega, el pasado 24 de enero, hubo por lo menos ocho amenazas de muerte contra ciudadanos y vecinos de Juan C. Bonilla que participaron en la protesta pacífica del 30 de octubre, la cual tuvo un conato de violencia con personal de la Policía Estatal y la Guardia Nacional en hechos que están siendo imputados ahora a Miguel López.

En diciembre pasado, Front Line Defenders participó en la Misión Internacional de Observación en la Defensa del río Metlapanapa, en conjunto con el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) y el Centro de Derechos Humanos "Zeferino Ladrillero".

La misión concluyó que la falta de consulta pública por parte del gobierno y los empresarios que se encuentran realizando el proyecto de drenaje para Ciudad Textil, constituye una violación a los derechos de los pueblos indígenas y civiles además de una agresión a los recursos naturales.

A principios de enero de este año Front Line Defenders ya había solicitado que se respetara el derecho de los pueblos indígenas y se investigaran de forma imparcial las amenazas y ataques, así como el uso excesivo de la fuerza en contra de los pobladores de Santa María Zacatepec, por los hechos del 30 de octubre.

También exigió un cese al hostigamiento y a las amenazas contra las personas defensoras de la comunidad y que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los defensores de Derechos Humanos.