El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla responsabilizó a la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal por la detención del activista Miguel López Vega y demandó sanciones para los funcionarios que fabriquen delitos para la detención de activistas.

Así lo dio a conocer Alejandra López García, integrante del Comité, quien consideró que López Vega se ha convertido en el primer preso político de la actual administración estatal, pues es ahora que lo detienen a pesar de que ha encabezado movimientos sociales en defensa de la tierra y el ambiente desde 2010.

"Es el primer preso político de este nuevo gobierno. Es muy lamentable porque  este nuevo gobierno tiene funcionarios que vienen de movimientos sociales que en su momento fueron de oposición y ahora se comportan de esa manera con la oposición", enfatizó López García.

Señaló que se esperaría que por la corriente política que dice abanderar, la Cuarta Transformación en Puebla entable un diálogo y una relación diferente con los movimientos sociales y los grupos de oposición que defienden su territorio.

Gobierno debe sancionar a responsables de presos políticos

 Carolina González, también del Comité para la Libertad de los Presos Políticos, señaló que si bien el único preso político que está encarcelado actualmente es Miguel López Vega, hay responsabilidad del gobierno actual de ofrecer disculpas a aquellos que estuvieron encarcelados en administraciones pasadas.

Detalló que esta responsabilidad va no solamente en las disculpas sino en garantizar que todos los procesos penales en su contra serán desechados pero que también habrá sanciones para aquellos funcionarios encargados en la fabricación de delitos, como el caso de Víctor Carrancá Bourget.

"¿Qué tendrían que perdonarle a alguien que no cometió ningún delito? En este sentido, a quien se le tiene que pedir las explicaciones y la rendición de cuentas es a todas aquellas instituciones y servidores públicos que funcionaron en esa fabricación de delitos", expuso.

Consideró que el gobierno puede marcar un precedente histórico si decide sancionar a esos funcionarios e instituciones, sin embargo no existen garantías aún para ello aunque, dijo, están a tiempo de adoptar esa postura y aplicar la ley .