La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) solicitó este jueves al Congreso del Estado una revisión exhaustiva al trabajo del auditor Francisco Romero Serrano con el fin de que sea destituido de su cargo al frente de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Así lo dio a conocer en rueda de prensa el subcontralor de la BUAP, José Ubaldo Ramírez, en la que fijó su postura por el anuncio de la ASE del término de la auditoría preventiva que inició en diciembre pasado.

Señaló que se presenta la denuncia con la finalidad de evidenciar que el órgano de fiscalización local no se ha conducido con la verdad al aseverar que la BUAP se negó a entregar información.

"Hoy (jueves) se presentará ante el Congreso del Estado una denuncia en contra del auditor Superior del Estado, derivado de las múltiples irregularidades en las que se ha conducido de la cual, en definitiva, podrán conocer algunos miembros de la Comisión Inspectora que ya se han pronunciado sin conocer el resultado, esto a fin de que su análisis sea imparcial y se determine la destitución del auditor", anunció.

Muestran que sí recibieron al personal de la ASE

El subcontralor señaló que desde el 14 de enero se llegó a un común acuerdo entre la Auditoría y la BUAP de que fuera el 20 de enero cuando se entregara la información solicitada, sin embargo no se precisó la hora en la que se recogerían los documentos.

El día 20 de enero, al acudir a la institución los comisionados de la ASE, argumentaron que al no estar el licenciado Mauricio Vela Hernández -responsable de Asuntos Jurídicos,

Rendición de Cuentas y Responsabilidades- era necesario dar por concluida la visita domiciliaria, sin llevarse la documentación que se encontraba en la sala de la Secretaría General de la BUAP.

"En principio, el día 20 de enero del año en curso los comisionados de la Auditoría Superior del Estado dejaron un acta que denominaron 'acta final de visita domiciliaria', argumentando que no encontraron a licenciado Mauricio Vela Hernández, por lo que estimaron necesario cerrar esa actuación dejando la documentación que se les había proporcionado", explicó.

A través de videos se evidenció dicha situación e incluso se documentó la participación de los comisionados, además el subcontralor explicó que el 17 de enero nuevamente se le pidió a la ASE notificar la hora en la que acudiría su personal a recoger dichos documentos, sin que hasta la fecha hayan dado respuesta a esta solicitud.

ASF hará la fiscalización 2019

Agregó que la Auditoría Superior de la Federación ya respondió de forma positiva a la solicitud realizada para que sea ella quien realice la fiscalización de los recursos federales del año 2019, aunque el plazo no ha sido determinado.

"Nos ha notificado que se tomará en consideración la información proporcionada para su incorporación al proceso de planeación y programación de auditorías para la fiscalización de la cuenta pública 2019, con lo cual se demuestra que la competencia para la fiscalización de recursos federales compete directamente a la Auditoría Superior de la Federación", recalcó.

Amparos contra reemplacamiento son a solicitud de la gente

Por su parte el consejero universitario y director de la Facultad de Derecho, Luis Ochoa Bilbao, descartó que el reciente anuncio para ofrecer servicios legales que permite el trámite de amparos en contra del programa de reemplacamiento y canje de tarjeta de circulación en Puebla, se de en un contexto político por el tema de las auditorías.

Señaló que previamente al anuncio que se hizo el martes en redes sociales, ciudadanos acudieron al bufete jurídico de la BUAP ubicado en la colonia Reforma Agua Azul para solicitar orientación legal y enfrentar este programa que busca cobrar 965 pesos a los automovilistas por el cambio de placas y de tarjeta de circulación.

"Mucha gente fue a pedir asesoría al respecto, el grupo de abogados que trabaja en ese bufete jurídico inspeccionó el caso y se dio cuenta de que sí había material para que en su momento pueden redactar o presentar un amparo, en lo que se refiere al reemplacamiento, pero esto es fruto de que se acercó gente de la sociedad a pedir asesoría", confirmó.

Respecto a la trayectoria de este bufete jurídico, recordó que tiene más de 50 años de existencia y que brinda sus servicios gratuitos a la sociedad previo análisis de los casos, además de que todo el personal que labora y cuenta con las cédulas correspondientes para ejercer la defensoría legal.

"Este bufete jurídico es administrado por abogados profesionales, con la licenciatura y las cédulas correspondientes para ejercer ese trabajo y que es un bufete que lleva más de 50 años funcionando en beneficio de la sociedad, en muchísimos otros casos y, este en particular, lo tomó en consideración y parece que sí es procedente", detalló.