La misión internacional de activistas que a inicios de diciembre visitó a pobladores de Juan C. Bonilla que rechazan un desagüe industrial en el río Metlapanapa, advirtieron en sus primeras conclusiones que se han violado derechos humanos y que la población enfrenta una situación de riesgo.

En la vista participaron integrantes de Front Line Defenders, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, que reúne a organizaciones de 23 estados mexicanos.

Las agrupaciones están a la espera de conformar un informe final sobre hechos de represión ocurridos con la Guardia Nacional y elementos policíacos de otros niveles, cuando la población participaba en un plantón en torno a la obra del "Proyecto Integral del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Zona Industrial de Huejotzingo", el pasado 30 de octubre.

Sin embargo en un primer adelanto dado a conocer a finales de esta semana advierten que se violó la libre determinación de una comunidad con raíces nahuas, pues la obra sigue pese a la oposición expresa a autoridades y que los hechos del enfrentamiento implicaron violaciones a derechos individuales y colectivos.

"... elementos policiales del estado de Puebla y de la Guardia Nacional lanzaron gases lacrimógenos, dispararon balas de goma y golpearon a personas defensoras de derechos humanos e integrantes de la comunidad que se manifestaban contra el avance de la construcción", advirtieron en un comunicado. 

A los hechos violentos de ese día, agregan, se suma que al menos ocho pobladores activos han sido amenazados de muerte y que está en riesgo la operación de la radio comunitaria que sirve para informar los problemas de la población y debería contar con un resguardo independiente por parte de autoridades.

"Expresamos nuestra inquietud frente a las amenazas de funcionarios estatales de solicitar el retiro de la concesión otorgada a la comunidad, así como la posterior visita del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para hacer una revisión. 

"Como organismo autónomo, el actuar del IFT debe ser independiente de los intereses del gobierno estatal y de las empresas", advirtieron también.

En tanto se concluye el informe final los integrantes de la misión hicieron un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al Mecanismo Federal de Protección a Personas defensoras de derechos humanos y periodistas y a las autoridades estatales a tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos de la población.

Foto: E-consulta