El Congreso de Puebla aprobó una reforma para que el gobierno estatal fije las tarifas por los servicios de grúas y corralones, así como la regulación de organizaciones civiles legalmente constituidas, para que haya un padrón de activistas en el estado.

En sesión ordinaria del pleno, este lunes se aprobó la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta para que la SMT fije las tarifas de arrastre y depósitos vehiculares.

Con 27 votos a favor, uno en contra y diez abstenciones, se aprobó reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública, para dotar de nuevas facultades a la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMT).

El voto en contra fue del diputado José Juan Espinosa Torres (del PT) y las abstenciones panistas y priístas, pues se denunció que la medida será impositiva para los municipios, que son quienes deberían fijar las tarifas con base en las condiciones socioeconómicas.

La propuesta del mandatario fue enviada apenas la semana pasada y consistió en ampliar la fracción VII del artículo 42.

La ley aún vigente indica que, entre las funciones de la dependencia, se encuentra: “diseñar y establecer las políticas y criterios para el establecimiento de rutas, itinerarios, horarios y tarifas de transporte, autorizando, modificando, cancelando y verificando su correcta aplicación”.

Con la iniciativa de Barbosa Huerta dicho artículo ahora dirá: “diseñar y establecer las políticas y criterios para el establecimiento de rutas, itinerarios, horarios y tarifas de transporte, así como tarifas para el arrastre y salvamento, traslado y depósito de vehículos, autorizando, modificando, cancelando y verificando su correcta aplicación”.

Los tabuladores de precios se establecerán en los próximos días en la Ley de Ingresos del estado, que se empezará a discutir en el Congreso local esta semana.

Con esta medida el gobierno estatal controlará a las empresas Doama, DEA y Unión Antorchista (afiliadas al Movimiento Antorchista) que a diario registran quejas de cobros excesivos y son las que acaparan el mercado.

Avalan regular a fundaciones

En otro punto de la sesión fue aprobada la Ley del Voluntariado, con 32 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones.

Con esta norma las organizaciones privadas tendrán que registrar los datos de sus integrantes en el Registro Estatal del Servicio Voluntario, cuya conformación y mantenimiento estará a cargo de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo con el artículo 20.

El registro será gratuito, pero las asociaciones tendrán que actualizarlo de manera anual.

La nueva ley permitirá a las asociaciones acceder a estímulos fiscales por parte del gobierno del estado o los municipios para realizar actividades sin fines de lucro.

Las autoridades serán quienes fijarán las condiciones para acceder a los estímulos y vigilarán su correcta aplicación.

La norma también indica que las agrupaciones serán responsables de “los daños” que provoquen sus miembros en las actividades que realicen como organización.

En el artículo 14 se establece: “las organizaciones serán obligadas solidarias junto con los voluntarios ante la ley de los daños y perjuicios que pudieran causar sus voluntarios”.

Con esto se busca fincar responsabilidades a las acciones de los activistas, aunque la normativa no precisa qué tipo de daños serían castigados.

Foto: Agencia Enfoque