Falta de comprobación en pago de la nómina de 14 dependencias estatales, en el gasto del Sistema Operador del Servicio de Agua Potable (Soapap), de 25 municipios y de 16 obras realizadas por el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en Puebla, por lo que presume un daño al erario por más de 2 mil 326 millones de pesos.

Los recursos observados corresponden al Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) que forma parte del Ramo 23 y tiene como fin compensar necesidades sociales, pero su uso ha sido criticado por organizaciones como México Evalúa, que asegura que es utilizado a discreción tanto por el gobierno federal como por los estados.

La suma pendiente por justificar corresponde a la segunda etapa de la revisión de la cuenta pública federal 2018, en la que el organismo fiscalizador detectó anomalías por un monto total de 2 mil 765.9 millones de pesos en la entidad.

No justifican pago de nómina

De acuerdo con los resultados de la auditoría 2018-A-21000-19-1178-2019, el estado recibió en 2018 -cuando gobernaba José Antonio Gali Fayad- 3 mil 747 millones 131 mil 700 pesos a través del Fortafin, y de esa cantidad la ASF revisó una muestra de 2 mil 917 millones 777 mil 500 pesos, que representó el 77.9 por ciento del total.

La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) transfirió recursos a dos dependencias y a 145 municipios por 1 mil 491 millones 907 mil 400 pesos, mientras que otros 2 mil 244 millones 72 mil 600 pesos los administró directamente para el pago de nómina y de obra pública.  

Un saldo de 26 millones 948 mil pesos de pesos se devolvió a la Tesorería de la Federación (TESOFE) junto con los rendimientos financieros generados a la fecha del reintegro. 

La SFA reportó el pago de nómina de 14 dependencias con 2 mil 189 millones 71 mil 800 pesos, pero no presentó documentación que justificara el gasto, según los resultados de la auditoría.

“El Gobierno del Estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la

Intervención de la ASF, proporcionó la documentación de las erogaciones de la nómina

líquida, pagada con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018; sin embargo,

no envió la dispersión de los pagos que acredite el pago de la nómina líquida a los

trabajadores, por lo que no se solventa lo observado”, se expone.

Las secretarías involucradas son la General de Gobierno, de la Contraloría, Educación Pública, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Finanzas, Infraestructura, Cultura, Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, así como Desarrollo Rural.

En el mismo caso se encuentra el SOAPAP, pues no se justificó el gasto que realizó en 2018 por 11.9 millones de pesos.

De los recursos aplicados, además 25 municipios aún deben justificar 111 millones 429 mil 200 pesos.

Destaca Atempan con 84 millones de pesos; Chietla con 131.7 millones, Huejotzingo con 67 millones; y Puebla con 20 millones.

No justifican obras educativas

En el CAPCEE se revisaron 27 contratos de obras por 85.6 millones de pesos, de los que no se presentaron documentos que comprobaran su ejecución en 16 casos, los cuales corresponden a los municipios Atzitzihuacan, Cohuecan, Huatlatlauca, Huejotzingo, San Nicolás de los Ranchos, San Pablo Anicano, Tecali de Herrera, Tlapanala, Naupan y Chiautla.

La documentación faltante consistió en pólizas de egreso, facturas, transferencias bancarias, estados de cuenta bancarios, estimaciones y generadores de obra, croquis, notas de bitácora, y reportes fotográficos.

El órgano de control interno de la dependencia y de los ayuntamientos de San Nicolás de los Ranchos, Tecali de Herrera y Cohuecan iniciaron procedimientos para determinar responsabilidades administrativas, mientras que Naupan presentó documentación parcialmente comprobatoria, por lo que la observación persiste en 10 contratos.

Adicionalmente, el gobierno de Puebla no cumplió con publicar en su portal electrónico el gasto que se realizó del fondo cuestionado.

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