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Ser transgénero en Puebla acerca a la muerte violenta, aseguran
Ser transgénero en Puebla significa tener seguros los riesgos de muerte violenta y discriminación. En los últimos 23 años, el 60 por ciento de los 65 crímenes que los activistas de la diversidad de género califican como de odio, están relacionados con esa comunidad. Batallar en cambio por el cambio de identidad de género implica recurrir a viajes y más viajes hacia la Ciudad de México, ahí donde las leyes sí han avanzado.
Para quienes han muerto en ese listado de los crimines del odio, el asesinato incluye mutilaciones de implantes mamarios a los que se han recurrido con esfuerzos y en la búsqueda de una nueva identidad; a que su cuerpo acabe con palabras obscenas escritas con objetos punzocortantes en la piel y que el final de sus días sea con saña.
A eso de suma que desde 1996 sólo se ha obtenido justicia en tres de los 65 casos documentados en notas periodísticas y que ni siquiera historias polémicas y mediáticas como la de la activista e investigadora Agnes Torrres ocurrido en 2012, pudieran escapar de que su caso cayera en un juez que se dejó comprar por el presunto responsable.
La radiografía transgénero del odio la expuso hoy la organización Vida Plana, No Dejarse Es Incluirse, en pleno Congreso del estado y como parte del Foro Discriminación, violencia y crímenes de odio contra las población LGBTTTI, sin que eso signifique que incluso los legisladores tengan acceso a los avances que debería tener la impartición de justicia en Puebla.
En entrevista Onán Vázquez, vocero de la organización, resalta cómo ni la diputada morenista a cargo de estos temas en el legislativo, Vianey García, ha podido recibir una respuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre cuántos crímenes de odio homofóbicos clasificados como tales hay registrados en la entidad.
Que ni las organizaciones ni los mismos legisladores tengan acceso a este tipo de información oficial, agrega, es un reflejo de lo poco que importan los crímenes de odio hacia la comunidad con preferencias sexuales distintas en Puebla y a lo fácil que resulta hacerlos invisibles ante la sociedad.
"En este caso hablamos sobre la dificultad jurídica que hay para catalogar este crimen y que además no hay un registro oficial con las autoridades a cargo de impartir justicia", dijo.
Para entender los riesgos de que ni la FGE sea capaz de clasificar los crímenes agrega, basta con decir que esto refleja su desinterés y desdén, así como lo poco capacitados que están sus funcionarios para garantizar un buen trato y justicia a la comunidad transgénero.
Según el seguimiento a notas periodísticas que ha realizado la organización sobre los crímenes relacionados con el odio a las preferencias sexuales distintas desde 1996, un 32 por ciento de los casos ha ocurrido en Puebla capital, ocho por ciento en Tehuacán y el resto en otros municipios de Puebla .
Ese listado de 65 crímenes de odio documentados, advierte sin embargo Vázquez, podría ser mayor pues no descartan que entre los feminicidios que suma Puebla haya crímenes de odio contra poblanas lesbianas que han pasado inadvertidos en medio de la creciente de asesinatos contra las mujeres en general.
A los asesinatos, señala el activista, se suman las dificultades de la comunidad transgénero por que se les reconozca con una nueva identidad como mujer y a los prejuicios que abundan entre los funcionarios públicos encargados de impartir justicia.
Cuando integrantes de la comunidad llegan por ejemplo a un ministerio público, detalla Vázquez, se encuentran con agentes que insisten en referirse a ellos como hombres y a que de manera general acaban por archivar sus casos en el olvido.
Obtener la nueva identidad no es tampoco una tarea fácil. Algunas de ellas, explica, lo han logrado en la ciudad de Puebla mediante amparos para proteger sus derechos o al recurrir a realizar los procedimientos en la capital del país.
De esto, explicó Vázquez, destaca el trabajo de organizaciones del municipio de Tehuacán que se han esforzado en que integrantes transgénero de comunidades de origen indígena obtengan legalmente una nueva identidad, aunque sea lejos y en tierra ajena.
Foto: Archivo