Para afectados de los hechos acontecidos en 2014 en San Bernardino Chalchihuapan que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta anunciara la petición para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reabra el caso, es una esperanza de justicia, de acuerdo con quienes han dado seguimiento a los aspectos legales.

Así lo señaló Hilario Gallegos Gómez, quien forma parte de Asociación Civil de Derechos Humanos "José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo" y acompañó al seguimiento de las recomendaciones del organismo nacional.

Si bien se señalaron formalmente cumplimientos a recomendaciones, dijo en entrevista, todavía quedan pendientes las investigaciones contra altos funcionarios, una disculpa pública del gobierno poblano y una justa reparación del daño.

Del gobierno morenovallisa, explicó, todavía podrían ser sujetos de investigación los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y la ahora Fiscalía General del Estado (FGE), pues en ellos quedaron decisiones del enfrentamiento violento que derivaron en la muerte de Tehuatlie Tamayo y en el seguimiento a presos políticos.

"Están todavía Facundo Rosas Rosas, Víctor Carrancá, ¿no?, que fueron los actores, digamos intelectuales, los que en determinado momento tuvieron también que ver mucho con los presos políticos de Chalchihuapan", comentó.

Una de las recomendaciones de la CNDH, agregó Gallegos Gómez, planteaba una disculpa del gobernador que al final corrió a cargo de un funcionario menor del gobierno del estado.

Los afectados, comentó, están conscientes de que Barbosa Huerta no es responsable, pero el acto podría reflejar humildad y voluntad de justicia, como ya se ha reflejado con otros casos en que el gobierno de México con Andrés Manuel López Obrador fijó posturas.

"Yo creo que el gobernador sí tiene la calidad humana y la calidad política para ofrecer las disculpas públicas que en determinado momento el gobernador Rafael Moreno Valle no se atrevió a darlas, que es parte de la recomendación", dijo.

En cuanto a la reparación del daño Gallegos Gómez explicó que para el cumplimiento de la CNDH se indemnizó a la madre del menor fallecido tras el enfrentamiento con 2.5 millones de pesos, aunque con irregularidades.

El dinero, recordó, fue recibido luego de que a otros afectados del caso Chalchihuapan los condicionaran a cambio de no involucrarlos en nuevos procesos legales y hasta ahora el recurso sigue sin tocarse en una cuenta de banco.

La justicia, dijo por otro lado, debe alcanzar también a los entonces presidentes auxiliares que, tras defender los registros civiles en sus comunidades, fueron acusados por casos falsos y en algunos casos arrastran sentencias que afectan sus carreras políticas.

Foto: Agencia Enfoque