Pobladores totonacas de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán esperan una sentencia favorable en el juicio de amparo contra la instalación de la Hidroeléctrica Puebla 1, de la empresa Deselec.

La hidroeléctrica abastecería a las empresas Nueva Wal-Mart de México, Waldo’s Dólar Mart de México, Operadora Vips y Suburbia.

En rueda de prensa realizada hoy en la ciudad de Puebla, integrantes del Centro de Análisis e Investigación A.C. Fundar y el Consejo Tiyat Tlali en Defensa del Territorio, destacaron que habitantes de las mencionadas poblaciones emprendieron un proceso legal hace tres años para defender el río Ajajalpan.

Recordaron que el pasado 11 de junio se realizó la audiencia constitucional del juicio de amparo que emprendieron y ahora toca que un juzgado de distrito dicte sentencia.

En ella, explicaron, deberá reconocerse la vulneración de derechos de la población totonaca y la necesidad de cancelar permisos ya otorgados para el proyecto desde hace una década, pues reflejan un patrón de violaciones sistemáticas a los derechos de pueblos indígenas en beneficio de grandes empresas.

Las irregularidades comenzaron con la llegada de la empresa Deselec, del grupo Comexhidro, y la entrega de los primeros permisos, hasta lo acontecido en el último trienio con el proceso legal.

Una de las irregularidades de origen es que desde 2009 y hasta 2013 se entregaron permisos para obras por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Reguladora de Energía, cuando el acto más parecido a una consulta se realizó hasta 2015.

Entre 2012 y 2014 la empresa compró terrenos en las márgenes del río Ajajalpan, a 71 centavos por metro cuadrado y a 4.29 pesos en otros casos, de acuerdo con escrituras de compraventa a las que han tenido acceso Fundar el Consejo Tiyat Tlali.

En el proceso legal también observaron irregularidades como la desaparición de ocho tomos de la investigación, el hallazgo de firmas no identificadas por los firmantes, falsos desistimientos, así como acciones de hostigamiento y criminalización hacia opositores al proyecto en la zona.

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