El Congreso de Puebla analiza una ley para que las organizaciones no gubernamentales sean responsables de “los daños y perjuicios” que provoquen sus miembros y prevé la creación de un padrón estatal de activistas.

Se trata de la nueva Ley del Voluntariado, que en su artículo 14 establece: “las organizaciones serán obligadas solidarias junto con los voluntarios ante la ley de los daños y perjuicios que pudieran causar sus voluntarios”.

Con esto se busca fincar responsabilidades a las acciones de los activistas, aunque la normativa no precisa qué tipo de daños serían castigados.

En ningún otro punto aborda de nuevo el tema ni abunda en las restricciones que tendrán los grupos.

No obstante, indica que la regulación sería aplicable para organizaciones sociales, públicas y privadas sin fines de lucro, legalmente constituidas.

Habrá registro de voluntarios

Las organizaciones privadas tendrán que registrar los datos de sus integrantes en el Registro Estatal del Servicio Voluntario, cuya organización y mantenimiento estará a cargo de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo con el artículo 20.

El registro será gratuito, pero las asociaciones tendrán que actualizarlo de manera anual.

Las que estén constituidas legalmente podrán acceder a estímulos fiscales por parte del gobierno del estado o los municipios, que fijarán los requisitos. También podrán firmar convenios de colaboración con empresas, instituciones educativas, religiosas y sindicatos.

La iniciativa fue presentada en marzo por el diputado Javier Casique Zárate, pero apenas será aprobada en laComisión de Organizaciones no Gubernamentales que él encabeza.

Tras avalarse en el órgano legislativo, pasaría al pleno para someterse a votación de los 41 legisladores locales.

De acuerdo con el coordinador de la bancada priista, su propuesta sería aprobada en el primer periodo ordinario del segundo año legislativo de la LX Legislatura, que comenzará el 15 de septiembre.

En el mismo se busca aprobar también la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como la del Poder Judicial y reformas al Código Penal para elevar penas a algunos delitos, como los asaltos en el transporte público.

Foto: Agencia Enfoque