Los recursos que se obtengan de la venta de las propiedades se destinarán a apoyar los programas sociales.

Las bancadas de Morena, PAN, PRI, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el Verde Ecologista votaron a favor de la Ley de Extinción de Dominio; y el Partido de la Revolución Democrática votó en contra.

Los legisladores que se abstuvieron de votar fueron Dulce María Sauri, Alberto Acosta, Luis Córdova, Fernando Galindo, Enrique Ochoa, Claudia Pastor, Carlos Pavón y Norma Adela Guel.

Al dictamen se le realizaron 60 reservas y los artículos de la Ley de Extinción de Dominio se discutirá artículo por artículo.

El martes 2 de octubre de 2018, los legisladores de Morena en el Senado propusieron que se aplicará la Ley de Extinción de Dominio en los casos decorrupción.

La bancada del Movimiento Regeneración Nacional indicó que si se aplica la ley el Estado podría decomisar propiedades a los corruptos y a los terceros que resultaran involucrados.

La Ley de Extinción de Dominio actualmente sólo se les aplica a quienes son acusados de pertenecer a organizaciones criminales, narcotraficantes, acusados de enriquecimiento ilícito y secuestradores.

Eduardo Ramírez, legislador de Morena, presentó una iniciativa para aplicar la Ley de Extinción de Dominio a los funcionarios acusados de corrupción.

En su texto, el legislador aseguró que la corrupción ha aumentado y que aplica nuevas maneras para operar.

Indicó que las autoridades tienen problemas para aplicar sentencias que en verdad castiguen a los sujetos acusado de corrupción.

“Es necesario enfrentar, con respuestas duras y contundentes, la emergencia en la que se encuentra nuestro país, ya que no es menor el agravio que la comisión de estos delitos ocasiona a nuestro pueblo. La impunidad no debe ser característica del Estado mexicano; de ahí la necesidad de contar con una herramienta de recuperación de recursos provenientes de hechos ilícitos en materia de corrupción”.

El legislador propuso que la Ley de Extinción de Dominio se les aplique también a los que son acusados de corrupción, abuso de autoridad, cohecho y enriquecimiento ilícito.

Foto: Canal del Congreso México