Doña Esther Rodríguez Carreón, de 88 años, originaria de la junta auxiliar de Progreso, municipio de Piaxtla, ubicado en la Mixteca Poblana, junto con su hijo Alfredo Gil Rodríguez, viven exiliados debido a que, las primeras tres denuncias por el delito de amenazas de muerte, despojo y robo de documentos, no han avanzado.

Comentó para e-consulta que, desde el mes de marzo de 2024, comenzó el sufrimiento causado por dos presuntos causantes de su exilio, que tienen nombres y están plenamente identificados: Plácido Morán Michaca y Marcelo Octavio Guzmán Martínez, que enfrentan varias denuncias, pero no han sido llamados a comparecer ni tampoco vinculados a proceso por diversas inconsistencias en el actuar de los Ministerios Públicos.

De la Carpeta de Investigación FGEP/CDI/FIM/FIM-VII/014561/2024, iniciada por el delito de intento o tentativa de homicidio, donde ambos enfrentan más denuncias por despojo y amenazas, no hay inspección ocular ni tampoco proceso de vinculación o judicialización por parte del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional de Acatlán de Osorio.

Fue el 15 de octubre de 2024 cuando la fachada de la vivienda fue baleada y por temor, doña Esther junto con su hijo, Alfredo, el 16 de octubre optaron por salir de la propiedad conocida como Rancho Tezoquipan, establecida en la junta auxiliar de Progreso, municipio de Progreso, para salvaguardar su integridad física, primero en Izúcar de Matamoros.

Desde esa fecha, doña Esther ansía regresar a su tierra, a cuidar de sus plantas, de sus árboles, de los cuales obtenía frutas, verduras o verduras, propias según la temporada que comercializaba en la región de Piaxtla, todo quedó abandonado y actualmente, está descuidado debido a que persisten, primero el estancamiento en el avance de las denuncias y amenazas de ambos designados.

Alfredo Gil Rodríguez, comentó que desde el año 2024, “hemos tocado puertas en Palacio Nacional, donde presentamos siete escritos dirigidos a la presidenta de México, sin obtener respuestas concretas y no podemos regresar a nuestra casa después que fuimos ahuyentados a balazos, pero no hemos obtenido justicia”.

Agregó que, hasta el apoyo de Pensión para Adultos Mayores, le fue despojado a su madre, Esther Rodríguez Carreón, durante el lapso de dos años, situación que debe ser investigada por la autoridad correspondiente. (JH)