El método favorito del gobierno federal para adquirir los artículos que necesita es la adjudicación directa, en lugar de las licitaciones públicas.

Hasta marzo de 2019, el nuevo gobierno había entregado de manera directa la mayoría de los contratos a los proveedores.

Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad indica que hasta junio de 2019, el gobierno federal había entregado 77.4 por ciento de los contratos y que sólo 15 por ciento se había sometido a licitaciones públicas.

“En marzo de 2019 Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revisó las compras de la nueva administración y señaló que 74% de los 28,458 contratos otorgados hasta ese momento se habían entregado a través de adjudicaciones directas, mientras que la licitación pública (que es el mecanismo que debería ser usado como regla), sólo había sido utilizado en 18% de los contratos”.

“A mitad del año, realizamos un nuevo corte de información para saber cómo compra y contrata el gobierno”.

“La cifra total de contratos registrados en la plataforma COMPRANET ha llegado a 76,613. Las adjudicaciones directas no sólo siguen siendo el método de asignación favorito del gobierno, sino que se han incrementado en comparación con el trimestre anterior: al 30 de junio, 77.4% de los contratos se han entregado de manera directa mientras que las licitaciones abiertas sólo se han usado en 15.9% de los contratos”.

En una nota que publica el portal Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se indica que la entrega directa de contratos a los proveedores contradice las promesas que hizo Andrés Manuel López Obrador.

“Si se compara con otros años, esto significa una continuidad con las administraciones previas. Entre 2010 y 2018, en promedio, las asignaciones directas se usaron en 72% de las compras, mientras que las licitaciones públicas sólo se usaron 14.5% de las ocasiones. De esta manera, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tal como sus predecesores, continúa asignando directamente 3 de cada 4 contratos gubernamentales”.

“Esta práctica no sólo vulnera la Constitución y las leyes que establecen que las licitaciones públicas deberían de ser la norma y no la excepción, sino que se encuentra en abierta contradicción con las propias promesas, discursos y objetivos legales definidos por el presidente”.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad indica que en el Plan de Desarrollo se asegura que se prohibirán las adjudicaciones directas y que hasta el momento el gobierno federal no ha cumplido.

“En su libro 2018. La salida, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador escribió que «es fundamental que exista acompañamiento y fiscalización ciudadana en las adquisiciones y contratos de obras y de servicios públicos» y, para las compras de gobierno, recomendó varias medidas, entre las que destacan «licitaciones abiertas y la vigilancia de la ciudadanía». La promesa no se ha cumplido”.

“En su informe del 1º de julio, López Obrador omitió el tema específico de los contratos del gobierno, pero en el Plan Nacional de Desarrollo se establece «prohibir las adjudicaciones directas» como una de las medidas para el combate a la corrupción, así como la eliminación del tráfico del tráfico de influencias, el amiguismo y el compadrazgo”.

“Si se habla de que no estamos frente a un simple cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, lo menos que podría esperarse es que la nociva práctica de las adjudicaciones directas como la regla y no la excepción se reduzca al mínimo”.

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Crédito de la foto https://contralacorrupcion.mx