Con 11 mil 500 firmas de ciudadanos que piden revocar la concesión del agua en Puebla, se presentaron en el Congreso del estado integrantes de El Barzón y de Morena.

Los firmantes exigen también practicar una auditoría a la empresa Concesiones Integrales y su firma Agua de Puebla.

Con la denuncia de que el costo del servicio se incrementó hasta en 400 por ciento en los últimos cuatro años, se exigió a los diputados revertir el contrato aprobado a finales de 2013 y devolver la gestión del líquido al ayuntamiento de Puebla.

La organización “El Barzón” poblano, simpatizantes de Morena y el diputado federal del distrito 6 de la capital, Alejandro Carvajal Hidalgo, entregaron las firmas la mañana de este martes en la sede del Poder Legislativo.

Demandaron la revocación “inmediata” de la concesión bajo la consigna de que el agua es un derecho humano y debe “recuperarse”.

En el oficio que entregaron en la Oficialía de Partes junto con la caja con las firmas, solicitaron además buscar que se practique una auditoría externa a la compañía que gestiona el líquido ya que señalaron que no ha invertido los 3 mil millones de pesos en infraestructura en sus primeros tres años de operación, como lo prometió.

Además no se ha visto reducida la deuda del Sistema Operador de Agua y Alcantarillado de Puebla (Soapap), como también se comprometió, dijeron.

También se quejaron por la deficiente calidad del servicio, cobros excesivos, cortes injustificados y cambios de medidores arbitrarios que tienen que pagar los usuarios.

Hay violación de derechos humanos

Carvajal Hidalgo denunció que estos hechos son causales suficientes para revocar la concesión, pero el desabasto y la suspensión del servicio además son violaciones a derechos humanos.

Por ello sugirió que incluso se podría demandar a la empresa por violentar el derecho humano al agua y recurrir a instancias internacionales.

Negó que la entrega de firmas la utilicen para beneficiarse políticamente, pues aseguró que se empezaron a reunir desde el año antepasado, cuando todavía no era diputado ni candidato, sino dirigente de “El Barzón”.

Señaló que desde el 2017 se promovió además una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revocar la concesión y esta sigue en proceso.

Por ello negó que esté utilizando el tema con fines políticos y aseguró que lleva varios años en la lucha contra la privatización del servicio.

La semana pasada el Cabildo de Puebla aprobó iniciar el proceso para rescindir el contrato con Concesiones Integrales y le toca al Congreso del estado hacer el resto, ya que fue quien lo aprobó a finales de 2013 por iniciativa del exgobernador panista Rafael Moreno Valle.