Tras la salida de Adolfo López Badillo de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla el próximo 31 de julio, el Congreso del estado no nombrará un titular, sino que pondrá un encargado de despacho.

Esto se debe a que se abrogará la ley que rige la CDH y se legislará otra, pero todavía no empieza su análisis y discusión.

El presidente del Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla, anunció que se analiza abrir un periodo extraordinario de sesiones después de que concluya el ordinario 15 de julio para aprobar la nueva ley.

Posteriormente se abrirá la convocatoria para recibir las postulaciones de los interesados, luego el periodo de evaluación y finalmente el nombramiento del nuevo ombudsman.

Será así que cuando López Badillo culmine su periodo de cinco años todavía no tendría a su sucesor sino que habría un encargado temporal, que se decidirá en los próximos días.

Lo anterior con la premisa de que el actual presidente del organismo no será ratificado para otro lustro debido a las críticas que ha tenido su gestión de parte de las organizaciones civiles por su pasividad ante los gobiernos panistas.

Prometen ley “bien hecha”

Biestro Medinilla señaló en entrevista este jueves que alargar los tiempos ayudará a que la nueva ley y convocatoria que se emitan estén “bien hechas”.

El coordinador parlamentario de Morena sostuvo que la iniciativa para la nueva ley de la CDH que la próxima semana se presentará en el pleno será analizada detenidamente para garantizar que el próximo titular sea un auténtico defensor de los derechos.

Descartó que la ampliación del plazo tenga como intención recibir el visto bueno del gobernador electo Miguel Barbosa Huerta, pues asegurado que la decisión será solo del Legislativo.

Exigirán experiencia

La nueva normativa que se pretende hacer planea que sea obligatorio que todos los aspirantes a presidir la CDH cuenten con trayectoria comprobable en la defensa de los derechos humanos.

Ya no sería suficiente contar con una licenciatura en Derecho para arribar a la comisión, como actualmente ocurre, con lo cual se cierra la puerta a que un exfuncionario o político ligado al gobernante en turno llegue al cargo.

De aprobarse la normativa, se obligaría al titular a rendir un informe de su trabajo al Congreso local antes de que concluya su encargo de cinco años.

Además cambia el término “queja” por “denuncia” y permitiría a los menores de edad acudir a interponer denuncias por violaciones a los derechos humanos sin necesidad de un tutor o representante.

Foto: Agencia Enfoque