La justicia federal concedió un amparo a la comunidad indígena de Tecoltemi, del municipio poblano de Ixtacamaxtitlán, en contra de las dos concesiones que el gobierno federal entregó a la empresa Almaden Minerals para que explotara una mina en esa zona.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios

Federales en el Estado de Puebla consideró en su resolución que los permisos son ilegales y con ello frenó las obras de construcción del yacimiento.

Sin embargo, el amparo aún puede ser impugnado por las partes involucradas, de acuerdo con Alejandro Marredo Lobato,  vocero del movimiento que se opone a la minera, aunque dijo que entre los integrantes de la comunidad hay confianza para que el proyecto sea suspendido en definitiva.

 Las concesiones fueron otorgadas en 2003 y 2009 para los lugares conocidos como Cerro Grande y Cerro Grande 2, para explotar  minas de oro y plata a cielo abierto.

Suspenden proyecto

De acuerdo con el vocero, el juzgado mencionado consideró que la Secretaría de Economía otorgó de manera ilegal dos concesiones mineras a la firma Almaden Minerals para construir una mina en Ixtacamaxtitlán, debido a que no realizó primero una consulta entre los habitantes de esa demarcación.

La resolución forma parte del juicio de amparo 445/2015 que fue interpuesto por la Comunidad Nahua de Tecoltemi, acompañada por las agrupaciones civiles Fundar y el Consejo Tiyat Tlali.

 “devienen ilegales, porque fueron otorgadas sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad indígena afectada”, se indica en la resolución judicial que fue circulada mediante un comunicado emitido por Fundar.

 En ese sentido, el juzgado ordenó a la Secretaría de Economía declarar las concesiones “insubsistentes” y dar una nueva respuesta a la empresa pero tomando en cuenta que el lugar en donde explotará la mina es territorio indígena.

El vocero del movimiento indicó en entrevista vía telefónica que aunque el resolutivo aún puede ser impugnado, hay confianza en que el proyecto sea suspendido definitivamente, debido a que la justicia federal ya reconoció que la emisión de los permisos fue ilegal y que la comunidad afectada tiene carácter indígena.

 “… reconocer las especificidades de los pueblos indígenas conlleva la obligación del Estado a consultarlos para evitar patrones de desigualdad”, refiere el resolutivo.

Alejandro Marredo indicó que la empresa, que ha invertido cerca de 120 millones de pesos en su proyecto, conoce de la oposición a la que  se enfrenta, aspecto que podría orillarla a suspenderlo.

Almaden Minerals ya realiza trabajos de exploración y extracción de oro y plata en otras localidades de la zona.