Integrantes de la organización Asamblea Social del Agua (ASA) denunciaron que Concesiones Integrales S.A. de C.V. (Agua de Puebla para Todos) firmó un acuerdo con el sindicato de burócratas del gobierno del estado para hacer borrón y cuenta nueva a los que tienen adeudos históricos en consumo de agua.

Los miembros de la ASA dijeron que el acuerdo tiene un interés político, para conservar la concesión; se hace en época electoral y es inequitativo pues sólo beneficia a un sector de los consumidores.

María Eugenia Ochoa García dijo que el acuerdo se firmó el pasado 4 de abril con el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD) y brinda a funcionarios estatales beneficios que se niegan al resto de la ciudadanía.

"Es un convenio a través del cual Concesiones Integrales les va a dar un trato preferencial a trabajadores del gobierno del estado. A los que tengan un adeudo histórico les va a hacer un cobro (…), digamos, un borrón  y cuenta nueva que siempre plantea la empresa en estas temporadas electorales", dijo.

Según Ochoa García se trata de hacer un pago de 5 mil 775 pesos que, en plazos mensuales, representa una tarifa menor al cobro mínimo que exige la empresa al resto de la ciudadanía con adeudos, lo que representa un trato inequitativo.

En las últimas semanas, recordó, ya habían denunciado que con miras a conservar la concesión la empresa mantiene estrechas relaciones con altos funcionarios que están a cargo del servicio del agua y que eso debía ser atendido con destituciones en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido.

Omar Jiménez Castro dijo que en otros diversos de la ciudad de Puebla la concesionaria ha aumentado las acciones inconstitucionales  y suspende el servicio a quienes presentan adeudos.

En las unidades habitacionales de La Margarita y Galaxia La Calera, explicó, se detectó ya la forma de operar de 'halcones' que se dedican a informar a la empresa sobre quiénes están en esa situación, para que se presente a exigir el adeudo y por cada caso que notifican reciben de 200 a 300 pesos.

Tan sólo en lo que va de 2019, 10 ciudadanos ganaron amparos a la empresa, entre otros motivos porque los cortes se realizan sin la orden judicial que amerita la decisión y en algunos casos hasta los trabajadores argumentan que reciben indicaciones por teléfono y que no cuentan con documentos que justifiquen la acción, relató Jiménez Castro.

Foto: Agencia Enfoque