El Congreso de Puebla congeló las reformas que prohibirían a 109 ayuntamientos cobrar por copias y discos compactos cuando proporciona información pública requerida, y esperará que la SCJN decida si imponer tarifas es legal. 

La Comisión de Patrimonio y Hacienda decidió este viernes no eliminar los precios hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva las cinco acciones de inconstitucionalidad que promovió la CNDH para echarlos abajo.

A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció que son “excesivos y desproporcionados” los costos por entregar información pública, los diputados acordaron que se mantengan en tanto sigan abiertos los juicios.

Las reformas que estarán en espera por tiempo indefinido buscaban modificar las leyes de ingresos de 109 municipios para suprimir las cuotas por los servicios de acceso a la información debido a que incluyen un pago de55 pesos por la entrega de un disco compacto con datos solicitados a través de la Ley de Transparencia o de 33.5 pesos por una hoja digitalizada.

Entre los ayuntamientos denunciados destaca el caso de Chignahuapan, que cobra 11.5 pesos por una hoja simple y 33.5 pesos por una hoja digitalizada, mientras que en San Pedro Cholula foja simple cuesta 3.85 pesos.

La iniciativa para eliminar los cobros se presentó el 13 de febrero por la bancada del Partido del Trabajo (PT) y este día se decidió enviarla a “la congeladora”.

Cobros violan la Constitución: CNDH

En sus recursos, la CNDH expuso que el cobro viola los artículos 1, 6 y 31, en su fracción IV, de la Constitución Política, sobre el derecho a la información, así como los derechos fundamentales de igualdad, proporcionalidad en las contribuciones al Estado y de gratuidad en el acceso a la información.

Consideró que al imponer un costo se vulnera la obligación del Estado de respetar, promover, proteger y garantizar derechos humanos, además de los objetivos de la “Agenda 2030”, que es un protocolo internacional aceptado por México para lograr el desarrollo de sus habitantes.

Por ello demandó invalidar los costos y que la SCJN exhorte al Congreso del estado para que en el futuro no permita estos cobros, ya que fue el encardado de aprobar a finales de 2018 las leyes de ingresos de los 217 municipios de Puebla.

Incluso permitió que la Ley de Ingresos del gobierno estatal también contemple una cuota de 55 pesos por un disco compacto con información pública, pero esto no fue denunciado por la CNDH.

Los ayuntamientos a los que se pretendía prohibir los cobros son: Chilchotla, Chinantla, Domingo Arenas, Epatlán, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huaquechula, Huehuetla, Hueyapan, Hueytlalpan, Huitziltepec, Juan Galindo, Molcaxac, Naupan, Nauzontla, Nicolás Bravo.

También Quecholac, San Diego La Mesa Tochimiltzingo, San Felipe Tepatlán, San Jerónimo Tecuanipan, San Nicolás Buenos Aires, Tehuitzingo, Tenampulco, Teotlalco, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepemaxalco, Tepeojuma, Tepetzintla, Tepexco, Tlacuilotepec y Tlapacoya.

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