Un juez federal en Puebla dictó auto de vinculación a proceso en contra de 12 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) por el delito de homicidio calificado en agravio de cuatro pobladores de Las Dalias,  a quienes habrían detenido un día antes en Santa Rita Tlahuapan.

Fuentes cercanas al caso confirmaron está decisión judicial, indicando que fue en días recientes cuando se determinó que había elementos suficientes para proceder penalmente en contra de los 12 miembros de esta célula de la Marina.

Los pobladores y familiares de los ahora occisos habrían logrado aportar, como prueba sustancial de que fueron privados de la libertad por la Marina, un video del momento en que los cuatro civiles son detenidos en predio de Guadalupito Las Dalias, la tarde del jueves 28 de febrero.

Los familiares buscaron a donde se los habían llevado, pero al no tener respuesta, por la noche del mismo 28 de febrero bloquearon la autopista por cerca de seis horas, a fin de exigir que les dieran noticias sobre el paradero de los dos adultos y dos menores de edad que hasta ese momento, creían detenidos por ser sorprendidos ordeñando combustible en ductos de Pemex.

De una forma aún desconocida, los pobladores de Tlahuapan llegaron la mañana del 1 de marzo hasta un predio ubicado en los límites con el municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala, en donde hallaron los cuatro cadáveres de sus familiares, por lo que los desenterraron ya que habrían tratado de ocultar sus restos.

El tumulto de gente impidió que la Fiscalía General del Estado de Puebla hiciera las diligencias de levantamiento de cadáver, mientras que la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala se deslindó asegurando que esos terrenos aún eran jurisdicción poblana.

Un día después, el 2 de marzo, la Semar anunció a través de un comunicado que tenía conocimiento de que el personal naval no había actuado conforme a las disposiciones legales en contra de las cuatro personas que fueron sorprendidas robando combustible y, aunque no especificó cuantos elementos estaban involucrados, ahora se sabe que se trata de 12.

Dichos uniformados deberán enfrentar su proceso legal privados de la libertad, ya que de acuerdo con las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, el homicidio es uno de los delitos que amerita la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

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