Por tercera vez consecutiva se canceló la sesión de la Comisión Inspectora del Congreso del estado porque solo acudió el presidente José Juan Espinosa Torres, quien acusó que el ausentismo se debe a que los diputados andan ocupados en temas electorales.

Al igual que el martes de la semana pasada, no acudieron Olga Lucía Romero Garci Crespo, Emilio Ernesto Maurer Espinosa (Morena), Javier Casique Zárate (PRI), Mónica Lara Chávez, José Miguel Trujillo de Ita (PES) y Oswaldo Jiménez López (del PAN).

La sesión estaba programada a las 11:30 de la mañana, al mismo tiempo que Trujillo de Ita acompañaba en una rueda de prensa al precandidato de Morena a la gubernatura, Alejandro Armenta Mier.

Por su parte, Lara Chávez se encontraba en Huejotzingo, en un mitin de otro precandidato de Morena, Miguel Barbosa Huerta.

El resto de diputados presentó justificante, pero no se precisaron los motivos de su inasistencia.

Por su parte, David Villanueva Lomelí, titular de la Auditoría Superior del estado (ASE) tampoco acudió “por motivos de trabajo” pero envió en su representación a José Juan Rosas Bonilla, auditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASE. 

Espinosa acusa boicot

Espinosa Torres denunció en entrevista que por falta de cuórum otra vez se frenó la aprobación de un informe sobre 57 cuentas públicas que debía avalarse desde 2016, pero que la Legislatura anterior estuvo frenando.

Nuevamente atribuyó el ausentismo a un “sabotaje” derivado de la pugna por la candidatura de Morena a la gubernatura, lo cual calificó como un “boicot” a la democracia.

Advirtió que se busca usar la Comisión Inspectora con fines electorales, ya que se pretende aprobar las cuentas públicas durante el proceso electoral para usarlas como “garrote político”.

Lamentó también que por la cancelación de la comisión ya no se pidió un informe a la ASE sobre las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (SFA) encontró en la cuenta pública 2017 del exgobernador Antonio Gali Fayad.

Esto al señalar que en asuntos generales se pediría a Villanueva Lomelí que explicara el por qué se observaron anomalías por mil 244 millones de pesos en el gasto federal.

“Consideramos que la ASE debería tener conocimiento, entonces pediríamos un informe. Hay mucho que preguntar a la ASE sobre las observaciones a la cuenta pública 2017 de Antonio Gali”, apuntó.

A las observaciones de la ASF se suma la sospecha de un daño patrimonial de 10 millones 584 mil pesos en pagos a “aviadores” en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Foto: Agencia Enfoque