La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la impugnación que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para solicitar que no se le aplicara la ley de remuneraciones ni se le recortara el presupuesto.

La ley de remuneraciones impide que los funcionarios federales ganen un salario mayor al que recibe el presidente, 108 mil pesos mensuales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía tampoco podrá contratar seguros de gastos médicos mayores.

Alberto Pérez Dayan, ministro de la Suprema Corte, indicó que la ley precisa que ningún funcionario puede ganar más que el presidente y que si permitiera que se suspenda la ley sería contrario a la Constitución.

“El artículo 127 de la Constitución ordena que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República en el Presupuesto correspondiente, esto es, de suspender las reglas del Presupuesto de Egresos cuestionado, se traduciría en no respetar lo expresamente señalado por la Constitución”.

El jueves 14 de febrero, el INEGI presentó en la Suprema Corte un recurso de controversia constitucional en contra de la ley de remuneraciones y del recorte presupuestal que le aplicó el gobierno.

Aseguró que en su carácter de organismo autónomo ha cumplido cabalmente con sus funciones y que el recorte presupuestal le impedirá cumplir con su trabajo.

“Impide a este instituto ejercer a cabalidad sus funciones y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica, sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica”.

En su página de Twitter, el INEGI informó que para defender su independencia presentó una controversia constitucional porque el recorte viola su autonomía financiera.

“Con la finalidad de defender la autonomía otorgada por la Constitución a este instituto, así como la esfera competencial que las leyes reglamentarias le otorgan, el INEGI presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional”.

El INEGI aseguró que su objetivo es garantizar el ejercicio cabal de las funciones que le otorga la ley.

“El INEGI busca garantizar el ejercicio eficaz y oportuno de las facultades otorgadas y derivadas de su autonomía presupuestal, razón por la cual se llegó a la decisión de promover ante la SCJN la demanda de controversia constitucional”.

Foto: Twitter @SCJN