El 15 de marzo vence el plazo para que la Secretaría de Gobernación (Segob) informe si declara la alerta por violencia de género en Puebla, en respuesta a los 38 feminicidios contabilizados de manera oficial en 2018, aunque organizaciones no gubernamentales reportaron hasta 90.

Así lo anunció la titular del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), Mónica Silva Ruíz, al dar a conocer que el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Sistema Nacional) ya se encuentra revisando si el gobierno del estado cumplió con las 15 recomendaciones que hizo la Conavim en julio de 2018.

En entrevista este martes refirió que el 1 de febrero fue la fecha límite para que la administración estatal acatara los requerimientos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), por lo que se envió un informe con lo hecho hasta ahora.

Aceptó que dos proyectos no se concretaron antes de la fecha límite y solo se enviaron con estatus “de planeación”, para que sean tomados en cuenta por el Sistema Nacional, que será el que dará el veredicto sobre el cumplimiento o no de las observaciones y concluirá si en Puebla se debe emitir la alerta de género.

Un observatorio de acceso a la justicia y un diagnóstico de prostitución en el estado son los indicadores que no se lograron llevar a cabo a tiempo, pero aseguró que ya se “está avanzando” en ellos.

3.5 mdp para cumplir recomendaciones

Reveló que para cumplir con las recomendaciones el IPM gastó alrededor de 3 millones 500 mil pesos a lo largo de siete meses que tuvo de plazo, para hacer diagnósticos, programas, metodologías e investigación.

No obstante, precisó que para la parte que tocaba a la Secretaría General de Gobierno (SGG), la de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), cada uno erogó cantidades diferentes de su presupuesto anual asignado.

Silva Ruiz se pronunció a favor de que en el estado se emita la alerta y celebró el anuncio hecho hace unos días por el gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, respecto a que el gobierno federal tiene la disposición de emitir la alerta.

El anuncio del gobernador sobre la alerta es una muy buena noticia, todos los esfuerzos que sumen, nosotros estamos complacidos. Ahora el 15 de marzo se dará la dictaminación del cumplimiento de las recomendaciones y se decidirá si se emite la alerta o no. Nosotros esperamos que así sea”, enfatizó.

Aunque no se incluyó en los requerimientos de la Conavim, la funcionaria anunció la creación de una “mesa de feminicidios”, para analizar todas las muertes violentas de mujeres en el estado y así determinar con exactitud cuáles deben ser consideradas como feminicidios y cuáles como homicidios dolosos.

Esto con el fin de evitar la disparidad de cifras que generan confusión, ya que organizaciones civiles contabilizan como feminicidios todas las muertes violentas, aunque no sean crímenes de odio por la condición de género.

En 2018 solo reconocieron 38 feminicidios

En este sentido refirió que en 2018 la cifra oficial de feminicidios fue de 38, mientras que las organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) reportó entre 86 y 90.

Su declaración fue hecha al concluir la sesión de las comisiones unidas de Gobernación e Igualdad de Género del Congreso del estado, realizada en el IPM, donde por unanimidad se aprobó reformar la Ley Orgánica del poder Legislativo para garantizar la paridad de género en las comisiones, es decir, que haya igual número de integrantes mujeres que de hombres.

El dictamen que habrá por las 15 recomendaciones de la Conavim es parte del segundo proceso por alerta de género que registra el estado, ya que la primera vez que fue solicitada se negó la declaratoria y también se emitieron recomendaciones.

Entre los requerimientos que el gobierno estatal debió cumplir se encuentran: mejorar la procuración de justicia; implementar protocolos, medición de índices de desempeño y capacitación del personal de impartición de justicia; atención a la trata de personas, la desaparición y no localización de mujeres, así como la determinación de estrategias para atender estos problemas

Modificar registros y estadísticas para lograr mejores intervenciones de las autoridades y dotar de mayor presupuesto a la FGE, el TSJ y la SSP, para que conformen unidades especializadas en atención a víctimas de violencia de género.

Foto Agencia Enfoque