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Freno a trabajos legislativos afectaría a respuesta a vetos de Gali
La suspensión de las sesiones del pleno del Congreso de Puebla esta semana no sólo afectaría la aprobación del paquete fiscal del estado y de las 217 Leyes de Ingresos de los municipios, sino que también dejaría pendiente las correcciones a las reformas vetadas por el gobernador Antonio Gali Fayad referentes a la Ley de Seguridad, la reducción al presupuesto de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la prohibición para instalar anuncios espectaculares en áreas verdes.
La cancelación de los trabajos ante el pleno fue un acuerdo de los 22 diputados de Morena, Encuentro Social y PT -grupo mayoritario en la LX Legislatura-, quienes demandaron a Martha Erika Alonso Hidalgo, gobernadora electa, establecer una mesa de diálogo ante la Secretaría de Gobernación de cara al inicio de su sexenio.
La decisión de los legisladores contempla suspender el análisis del proyecto de paquete fiscal (Ley de Ingresos y Egresos), el cual asciende a 89 mil 821 millones 322 mil 278 pesos.
Otros procesos que tampoco se tratarían en el pleno corresponden a los dictámenes para hacer las correcciones a las reformas de Leyes de Seguridad, de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, y de Protección al Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable.
En el caso de la Ley de Seguridad, los cambios aprobados por unanimidad se dieron para enfrentar el veto del ejecutivo a la abrogación de la Ley Bala.
Las reformas a la Ley de Seguridad consideraron establecer los protocolos de actuación de la fuerza púbica en situaciones como protestas públicas y bloqueos.
De la Ley de Protección al Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable, la observación hecha por el Ejecutivo al artículo 143 frena la entrada en vigor para prohibir que en áreas verdes se instalen estructuras para anuncios espectaculares.
El último veto de Gali Fayad fue a la reforma al artículo 129 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, con la cual se eliminó el candado que impedía reducir el presupuesto de la Auditoría Superior del Estado (ASE).