Andrés Manuel López Obrador les respondió a los funcionarios que no quieren ganar menos de 108 mil pesos que se puede marchar al sector privado.

Indicó que es poco serio que el Poder Judicial asegure que si se reducen los salarios de magistrados y jueces se alienta la corrupción.

Afirmó que lo deshonesto es ganar 600 mil pesos mensuales que salen de los recursos públicos.

“Es deshonesto cuando un funcionario acepta recibir hasta 600 mil pesos mensuales, eso sí es corrupción”.

“Un servidor público no sólo ganará 105 mil pesos, sino que va a tener el honor de servir al pueblo ¿no les parece porque es poco dinero? Entonces existe el sector privado donde tampoco ganan mucho ¿eh?”.

El martes 27 de noviembre, se difundió que los jueces y magistrados tienen lista una demanda de amparo modelo que les sirva para enfrentar las reformas que ha propuesto el Congreso de la Unión.

Los jueces y magistrados consideran violatorias de su autonomía varias de las reformas que ha propuesto el próximo gobierno y se alistan para defenderse legalmente.

Aseguran que enfrentarán las reformas que emanan del Congreso y que afectan la independencia del Poder Judicial.

La demanda la interpondrán para eliminar varias de las reformas que ha propuesto en el Congreso el Movimiento Regeneración Nacional.

Juez concede amparo a magistrada

El miércoles 31 de octubre, se aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos que eliminó la pensión a los ex presidentes y prohíbe que los funcionarios ganen más que el presidente de la república. En la ley se explica que quienes no acaten las disposiciones se harán acreedores de sanciones que podrían llegar a ser graves.

Sonia Rojas Castro, magistrada del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, presentó un recurso para evitar que su sueldo sea menor que el del presidente de la república.

El jueves 22 de noviembre, un juez federal le concedió a la magistrada Sonia Rojas Castro una sentencia provisional para que no se le reduzca el sueldo.

El juez argumentó que concedió la suspensión provisional porque si le negaba la medida le haría un daño a la sociedad.

“Entonces, al ponderar la afectación que la quejosa pretende evitar (vertiente objetiva) y el bien tutelado de la sociedad, se obtiene que de negarse la medida cautelar se ocasionaría un daño mayor a la sociedad que con el otorgamiento de la misma”.

Indicó que si negaba la suspensión atentaría en contra del principio de independencia del Poder Judicial.

“Lo anterior, ya que de negarse la suspensión, previsiblemente, se atentaría contra el principio de independencia del Poder Judicial, considerado como una garantía de verdad, libertad, respeto de los derechos humanos y justicia imparcial, libre de influencias externas, ello además en trasgresión directa al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho humano de acceso a la justicia”.

El lunes 26 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó a trámite un recurso de anticonstitucionalidad en contra de la ley que impide que los funcionarios ganen más que el presidente.

El ministro Alberto Pérez Dayán será el encargado de analizar el caso y presentará un proyecto de sentencia que será votado en el pleno de la Suprema Corte.

Crédito de la foto @lopezobrador_