La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y sus homólogas de Iberoamérica impulsan proyectos para la visibilización de 133 millones de personas que conforman la población afrodescendiente en América Latina, sus necesidades y la lucha por sus derechos, con el fin de erradicar la discriminación racial que enfrentan, por lo cual buscarán primordialmente su reconocimiento constitucional, la asignación de presupuestos para disminuir la brecha de desigualdad en que viven, el reconocimiento y valor del aporte cultural que han dado a nuestra región.

Destacó la complementariedad entre los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos y las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), aliados naturales cuyas sinergias favorecen el respeto de los derechos de la población afrodescendiente, en este caso, pero en general apoya la protección de todos los grupos de la sociedad.

Con base en el Informe “Afrodescendientes en Latinoamérica” 2018, realizado por el Banco Mundial, en los datos censales más recientes de 16 países había alrededor de 133 millones de afrodescendientes en América Latina en 2015, cerca del 24% de la población total. Más del 91% están concentrados en Brasil (105 millones) y Venezuela (17 millones) y 7% adicional en Colombia (5 millones), Cuba, (1.2 millones) Ecuador (1.2 millones) y México (1.4 millones).

El dato referente a México coincide con la Encuesta Intercensal 2015, la cual señala que existen aproximadamente 1.4 millones de personas que se reconocen como afrodescendientes y representan el 1.2% de la población total del país; es decir, en México, una de cada 100 personas se considera afrodescendiente. Las entidades con mayor número de personas son Guerrero, Oaxaca y Veracruz, con 6.5, 4.9 y 3.3% de su población.

Así lo manifestó Consuelo Olvera Treviño, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien con la representación del Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, encabezó el “Encuentro Internacional Situación de las Poblaciones Afrodescendientes y los Aportes de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD)”.

Indicó que las INDH ejercen sus mandatos y competencias de manera más creativa y abarcadora, de ahí que hoy suman esfuerzos, capacidades y talentos para enfrentar conjuntamente los desafíos que en materia de derechos humanos vive la región. Por ello, recordó los recientes esfuerzos conjuntos emprendidos por las INDH de América, los cuales han permitido visibilizar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) parte de las problemáticas que enfrenta Latinoamérica en temas como migración y desplazamiento forzado, entre otros.

Destacó el otorgamiento de las medidas cautelares que promovió este Organismo Nacional, junto con varios Ombudsperson de la región ante la CIDH en favor de las familias migrantes que fueron separadas en Estados Unidos, así como la Audiencia Temática sobre Desplazamiento Forzado Interno en que participaron varias Instituciones Nacionales, además del pronunciamiento realizado en Quito, Ecuador, en la planeación de estrategias de protección de los derechos humanos de la población desplazada de Venezuela.

Este encuentro, organizado por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) tiene como objetivo, dijo Consuelo Olvera, elaborar un informe regional, que se presentará ante el Comité CERD, lo cual será inédito, y que le ayudará a tener una visión de región sobre la compleja situación que viven las poblaciones afrodescendientes.

Por su parte, Pastor Elías Murillo Martínez, Miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD), reconoció el trabajo de la CNDH al contribuir en la inserción de la población afrodescendiente en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, para garantizar el respeto a sus derechos humanos, así como la intervención de las INDH en la observancia de las situaciones que presentan sus países y generar puentes de entendimiento entre dichos Organismos, sociedad civil y Estados nacionales para modificar la realidad en la que viven los pueblos afrodescendientes.

Al impartir la conferencia magistral “Definición metodológica para la adecuada participación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en sustentación de los Informes del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial-CERD”, Murillo Martínez mencionó que las poblaciones indígena y afrodescendiente padecen discriminación racial estructural y sistemática en América Latina, por lo cual las INDH deben elaborar informes que muestren la dimensión sociopolítica de la situación que los pueblos afrodescendientes enfrentan ante el contexto internacional de racismo, discriminación, xenofobia y las diversas formas de intolerancia que se presentan hacia ellos.

Ejemplificó con el caso de Brasil, que tiene la población más grande de afrodescendientes en el mundo, donde tres de cada cuatro víctimas de homicidios son afrodescendientes; en Colombia el 75% de las personas de esa población tiene más posibilidad de estar en pobreza que una persona no afrodescendiente, y enfatizó la necesidad de sancionar el odio racial, para lo cual se debe tomar en cuenta el contenido y la forma de discurso, el clima social y económico, la posición y condición del emisor, para lo cual refirió el discurso que maneja el Presidente Donald Trump, el cual ha traído repercusiones para la población afroamericana.

En este encuentro también participaron Patricia Cristina Álvez Campanatti, representante de la Defensoría Pública de Brasil; Luis Enrique Murillo Robledo, de la Defensoría del Pueblo de Colombia; Angélica María Solera Steller, de la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica; Carlos Enrique Rodríguez Quezada, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador; Byron Estuardo Paredes Tiul, de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, y Dante Martín Ponce de León Echevarría, de la Defensoría del Pueblo de Perú; los integrantes del Proyecto ProFIO-GIZ, José Manuel Ramos Robles, Nadezhda Vásquez Cucho y María Tanivet Ramos Reyes, así como Helen Patricia Peña Martínez, Directora de ONG Internacionales de la Secretaría Ejecutiva de la CNDH.