En Puebla hay opresión, exclusión y violencia contra los pueblos indígenas, por el control territorial de grupos que son utilizados con fines electorales, denunció la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su informe más reciente sobre la situación que esa población enfrenta en el país.

En el reporte, elaborado con base en la visita de una de las relatoras, se dio a conocer que se ha denunciado el asesinato de más de 150 personas originarias del municipio de Huitzilan de Serdán, desde 1985 y hasta ahora, sin que la situación haya sido atendida por las autoridades.

La ONU concluye que los pueblos indígenas en México enfrentan conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia, problemas que se desarrollan en un contexto de “profunda desigualdad, pobreza y discriminación”.

Denuncian asesinatos y hacen caso omiso

De acuerdo con el reporte de la relatora especial, que se realizó entre el ocho y el 17 de noviembre del año pasado, entre 1985 y 2018 se ha registrado el asesinato de por lo menos 150 personas indígenas originarias del municipio de Huitzilan de Serdán, localizado en la Sierra Norte, sin que se hayan atendido hasta ahora.

Los habitantes de esa localidad han sido mantenidos en opresión, exclusión y violencia, y son víctimas de grupos políticos que pretenden el control de las tierras.

“Personas indígenas, en su mayoría nahuas, en el municipio de Huitzilan han sido mantenidas en una dinámica de opresión, exclusión y violencia por las pretensiones de control territorial de grupos político-partidistas. Se ha denunciado el asesinato de más de 150 personas indígenas sin que se haya investigado y sancionado a los perpetradores”, se indica en el documento.

Entregan concesiones sin previa consulta

Por otra parte, las autoridades han entregado concesiones mineras, de extracción de hidrocarburos, hidroeléctricas en comunidades totonacas, nahua, otomíes y tepehuas de la Sierra Norte sin consulta y consentimiento libre, previo e informado, además de que quienes han defendido a las poblaciones afectadas, han sido hostigados.

En el informe también se cita el caso de la construcción del Gasoducto Morelos, que incluyó comunidades de Puebla y Tlaxcala, sin el consentimiento de los habitantes afectados, que se localizan en Tlacuilotepec, Pahuatlán y Honey, también en la Sierra Norte, así como de Huehuetla y Tenango de Doria, en la Sierra Otomí-Tepehua.

“Su construcción implica daños ambientales y riesgos a los pobladores no previstos por la autoridad, particularmente desplazamiento”, se indica en el informe.

De igual manera, se cita la construcción y operación de tres proyectos “minihidroeléctricos” en los ríos Nixtamalapa y Jalacingo, que afectan a comunidades campesinas, equiparables a pueblos indígenas, del Mohon, Epapa, Cruz Alta, Tatepetaco, Limonateno, Guerrero, el Arco y Ejido Hueytamalco, en Puebla,  caso que está pendiente una resolución judicial definitiva.

Foto / Agencia Enfoque