Mientras legisladores del PRD y PRI consideraron viable la enajenación del Antiguo Hospicio, la diputada Socorro Quezada Tiempo calificó como un “pretexto” que el gobierno busque desincorporar el inmueble debido a las condiciones de seguridad pese a la inversión de 16 millones de pesos hecha en el sexenio de Rafael Moreno Valle.

Carlos Martínez Amador, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, expuso que la venta del inmueble está a discusión y que se deben tomar en cuenta las condiciones de seguridad que presenta.

Para la priísta, Silvia Tanús Osorio es “positiva” la petición hecha por el gobernador Antonio Gali Fayad para enajenar a favor de un particular el edificio de Reforma 710, el cual albergó a las Direcciones de Turismo, de Protección Civil, el Patronato de la Beneficencia Pública y el Instituto para la Asistencia Pública del Estado.

Aunque la coordinadora de la bancada del PRI aclaró que todavía no definen el sentido del voto a la propuesta de Gali Fayad, apuntó que al ser un inmueble catalogado como histórico, los trabajos de rehabilitación, en especial las de tipo estructural, resultan mayores al beneficio que se puede obtener.

A diferencia de sus compañeros, Socorro Quezada Tiempo aseveró que el gobierno del estado utiliza como pretexto el daño en el inmueble a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, y que dijo los trabajos de remodelación hechos en 2013 en la gestión de Rafael Moreno Valle fueron “dinero tirado a la basura”.

Adelantó que este viernes, en la sesión extraordinaria el Congreso aprobará la desincorporación del inmueble sin que se conozca la utilidad que el gobierno obtendrá con la venta y a qué se destinarán los recursos que ingresen al estado.

Los trabajos de remodelación del Antiguo Hospicio se entregaron en diciembre de 2013, pese a que comenzaron en agosto de 2012 por parte de la empresa Gardeko S.A. de C.V.

La intervención al inmueble histórico se proyectó por parte de la empresa a 150 días naturales, pero culminaron tras 16 meses por un monto de 16 millones de pesos, recursos aportados a partes iguales por el gobierno de Puebla y la Secretaría de Turismo federal.

En la licitación publicada en 2012 por el gobierno del estado, se precisó que los trabajos consistirían en sustitución de los elementos de carpintería y herrería, cambio de lozas y vigas, rehabilitación de dos fuentes, impermeabilización y consolidación de muros.