La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) ha permitido que se acumulen las solicitudes de Alerta de Violencia de Género en Puebla que se han presentado por el aumento de feminicidios, trata de personas y desaparición de mujeres y niñas, sin que la problemática sea analizada a profundidad.

Así lo refirieron las organizaciones Desde la Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos A.C., Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT), y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

A través de un posicionamiento manifestaron su preocupación por el “endeble” informe público emitido el 26 de julio por el grupo de trabajo coordinado por la Conavim, ya que en este se deja ver que de manera discrecional se acumularon solicitudes de Alerta de Violencia de Género en la entidad.

Hasta el momento no se ha emitido la alerta de género en Puebla, y el reporte presentado hace poco más de dos semanas sólo incluyó 15 nuevas recomendaciones dirigidas algobierno del estado que deberá cumplir antes de febrero próximo.

Señalan análisis superficial

Las organizaciones denunciaron que la Comisión no ha tratado de manera efectiva “las problemáticas de feminicidio, trata y desaparición de mujeres y niñas, por lo que, al englobarlas, invisibilizan las particularidades de cada problema y se omiten acciones específicas para atender de manera urgente cada una de ellas”.

Asimismo reprocharon que “el informe deja ver la falta de selección de un Grupo de Trabajo interdisciplinario, capaz de realizar investigaciones que conlleven a la generación de un diagnóstico sobre la violencia feminicida y la desaparición de las mujeres y niñas en la entidad poblana”.

Manifestaron su preocupación sobre la falta de interés en la declaratoria, la cual se ha negado en tres ocasiones; la primera en 2017 tras la petición hecha el 9 de marzo de 2016, la segunda hecha el 20 de octubre de 2017 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y negada el 16 de noviembre de ese mismo año, y la tercera hecha por Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos A.C., cuyo informe fue presentado ocho meses después.

Destacan gravedad de desapariciones

“Si bien la solicitud fue realizada por desaparición, el Grupo de Trabajo omitió realizar una investigación a profundidad que refleje la problemática que han documentado las organizaciones de la sociedad civil, académicas y el propio Gobierno Federal como el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el cual hasta el mes de octubre de 2017 registró a nivel nacional: 34,313 personas no localizadas, de las cuales 8,800 (35 por ciento) son mujeres.

Por su parte, el informe especial de la CNDH de 2017 detalló que 23 mil 934 (82.71 por ciento) de las personas reportadas como desaparecidas se ubican en 11 estados del país. Ahí Puebla registró 1 mil 080 casos, el 3.7 por ciento.

Las organizaciones señalaron su preocupación por los patrones que han hallado y documentado en la desaparición de mujeres y niñas en Puebla y en el vecino estado de Tlaxcala, donde se ubica una zona de trata y explotación sexual, la cual fue reconocida por el grupo de trabajo, al igual que el incremento del crimen organizado.

Pese a lo anterior, consideran que el contexto no fue analizado de manera efectiva, lo cual derivó en la invisibilización de la desaparición de mujeres y niñas, reduciendo las obligaciones a las que se compromete el estado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Otras irregularidades denunciadas en el proceso de la solicitud de la AVG son que la Conavim desconoció los datos proporcionados por el OCNF, además de que pretendió realizar reuniones con organizaciones con la ausencia de personas expertas, por lo que Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos A.C. y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) decidieron retirarse en una ocasión.

En su posicionamiento las organizaciones peticionarias externaron su descontento y preocupación por la omisión de las autoridades en cuanto a temas que requieren acción urgente, como lo son la violencia de género generalizada contra mujeres y niñas en todo el país, incluida la violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura y el asesinato sexual, en particular el feminicidio.

A su juicio, la sistemática invisibilización de la desaparición de mujeres y niñas por parte de las autoridades fomenta la prevalencia y la impunidad, además de que podría derivar en contextos más adversos, difíciles de erradicar y daños irreparables.