Ilse Lucía B., esposa del edil de Venustiano Carranza y presidenta del DIF municipal, fue liberada este jueves luego de que un juez federal determinó que con una garantía de 20 mil pesos podrá seguir su proceso en libertad por los delitos de portación de arma de fuego, de cartuchos y de cargadores de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Armada de México.

De acuerdo con información obtenida por e-consulta, fue este jueves por la mañana que la funcionaria fue presentada ante un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal de la ciudad de Puebla, a solicitud del Ministerio Público de la Federación por los citados delitos.

En una audiencia, el juez calificó de legal la detención de Ilse Lucía realizada el martes 7 de agosto durante un cateo en la casa de la calle Ortiga de la localidad de Villa Lázaro Cárdenas, la cual cohabita con su esposo, el presidente municipal de Venustiano Carranza, y que en ese momento no se encontraba en la propiedad.

La revisión del inmueble encabezada por elementos de la Policía Federal de Investigación y agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), derivó de la orden 94/2018 emitida por el Juzgado Primero de Distrito Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones.

Sin embargo, al momento de practicarla los agentes federales hallaron que un despacho y en una de las recámaras de la casa había dos armas de fuego calibre .45 auto y .38 súper; así como un total de 69 cartuchos útiles calibre .270 winchester; 32 cartuchos calibre 7.62 x 51 con bala perforante; 14 cartuchos .40 s&w; 3 cartuchos .9 milímetros; 4 del calibre .45 auto; y 4 cartuchos .223 remington.

En el mismo inmueble fueron asegurados un cargador con siete cartuchos útiles para arma calibre .45 auto y tres cargadores para arma calibre .38 súper, uno de ellos abastecido con cinco cartuchos útiles.

Debido a que las armas estaban almacenadas en la casa, se determinó que el hecho encaja con el tipo penal de portación de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Armada de México, por lo que se ordenó la detención de Ilse Lucía B. y Mónica G., quien presuntamente se desempeñaba como trabajadora doméstica.

Seguirán proceso en libertad con pago de una garantía económica
La información obtenida señala que ambas mujeres seguirán bajo proceso penal por los citados delitos, sin embargo no pisarán la cárcel pues la falta que se les imputó no es considerada como grave en el Código Nacional de Procedimientos Penales pues su pena máxima es de 7 años de cárcel.

Ante esta situación, se sabe que el agente del Ministerio Público de la Federación solicitó inicialmente como medida cautelar la imposición de una garantía económica de 50 mil pesos para el caso de Ilse Lucía y de 10 mil pesos para Mónica, además de que ambas deberán de presentarse a firmar cada 15 días en una Unidad de Medidas Cautelares y tendrán prohibido salir del Estado.

Sin embargo, en los registros de la audiencia se estableció por el juez que la garantía era excesiva pues los ingresos económicos mensuales de Ilse Lucía ascienden aproximadamente a 8 mil pesos, en tanto que los de Mónica son de 3 mil 500.

Fue así que finalmente el juez decretó la liberación de las imputadas a cambio de una garantía económica de 20 mil pesos para Ilse y de 5 mil para Mónica, además de que ambas deberán ir a firmar su libertad condicional cada 15 días y tendrán prohibido salir de la entidad.

Cabe señalar que de acuerdo con la información preliminar de la Policía Federal, daba cuenta de un tercer sujeto detenido durante un operativo de cateo en otro inmueble de la misma localidad, sin embargo sobre él aún se desconoce su situación legal toda vez que las autoridades aseguraron que era uno de los principales operadores del robo de hidrocarburo en la región.