A diferencia de su símil a nivel local, el Comité Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción tiene una participación más activa, la cual se refleja con posicionamientos públicos sobre el nombramiento del nuevo auditor Superior de la Federación, la falta de un fiscal general de la República y el nombramiento de otros actores del sistema. 

En una revisión a su portal de Internet se observó que el CPC  ha emitido posicionamientos públicos desde su creación a modo de exhortos a las instituciones públicas y a los legisladores federales.

CPC nacional participación activa

e-consulta publicó que sin propuestas de exhortos públicos sobre posibles actos de corrupción, ni acompañamiento a denuncias ciudadanas ante la Fiscalía Anticorrupción o la Auditoría Superior del Estado, y con instalaciones provisionales, opera el Comité estatal de Participación Ciudadana en Puebla a ocho meses de su creación.

En contraste el CPC nacional se ha caracterizado por hacer pronunciamientos públicos a las instituciones públicas. 

El más reciente fue publicado el pasado 5 de junio en el que sus integrantes señalaron la serie de inconsistencias que en su opinión contiene la Ley de Comunicación Social aprobada por el Congreso de la Unión como no establecer criterios de contratación de la publicidad gubernamental, fomentar la promoción de funcionarios públicos, riesgo de control de la información y relegar a los medios comunitarios, entre otros. 

CPC advirtió sobre albazo para elegir integrantes del SNA

El pasado 12 de marzo el Comité, presidido por Mariclaire Acosta Urquidi, emitió un posicionamiento ante la posibilidad de que las designaciones faltantes del Sistema Nacional Anticorrupción se den sin atender a la “transparencia y publicidad necesarias”.

El Comité también destacó el riesgo de que no se elijan los perfiles adecuados como titulares de esos cargos.

Respecto a la aún pendiente designación del fiscal general de la República, el CPC recomendó que el Senado detenga la discusión de la minuta del Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, aprobada en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2014 y presentada ante la Cámara de Senadores al día siguiente.

También pidió detener cualquier iniciativa de Ley presentada con el objetivo de expedir la normatividad secundaria necesaria para la entrada en vigor de la Fiscalía General de la República, hasta en tanto no se cuente con las reformas constitucionales pertinentes. 

Respecto al reciente nombramiento de David Colmenares Páramo como auditor superior de la Federación el CPC avaló la designación se comprometió a hacer un trabajo coordinado con dicho funcionario. 

El CPC debe pronunciarse sobre empresas fantasma: especialista

El Comité estatal de Participación Ciudadana debe hacer posicionamientos políticos respecto a casos de corrupción como los contratos con empresas fantasma por parte del Instituto de Educación Digital, la SEP y la Secretaría de Salud, aunque carezca de “dientes” para ejercer acciones vinculantes, subrayó Miguel Calderón Chelius, coordinador de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana(UIA) Puebla. 

El especialista lamentó que este tipo de organismos hayan sido integrados con la finalidad de que carecieran de “autonomía” respecto del gobierno estatal, además de que reprobó que exista una intención de no molestar a las instituciones públicas. 

Lo anterior ante la postura de la presidenta del CPC, Karlen Berlanga Valdés, quien afirmó que los comisionados no “golpearán” a las instituciones públicas para “no cerrarse puertas”. 

“Hay un Comité sin dientes y sin voluntad política” 

Calderón Chelius subrayó que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción en el estado nació “sin dientes”, es decir sin atributos legales para hacer observaciones vinculantes. 

Sostuvo que ante esta realidad el CPC se convierte en una especie de “auditoría sin poder” y sin capacidad para obligar a las instituciones de gobierno a entregar información.

“No quieren molestar en nada a las entidades del gobierno del estado. No van a hacer exhortos públicos. Las instituciones solo les van a dar la información que quieren dar, así no puede funcionar”. 

Criticó que más allá de sus limitaciones los propios integrantes del Comité se nieguen a expresar posicionamientos políticos a los demás representantes del sistema sobre temas de corrupción. 

“No hay interés porque hay vínculos con la administración actual. No quieren hacerles pasar un mal rato a las instituciones. No hay voluntad política tampoco”. 

En su opinión se deben investigar las sospechas de corrupción de la anterior administración estatal como los contratos con empresas inexistentes, respecto a los cuáles la Fiscalía Anticorrupción se negó a iniciar carpetas de investigación bajo el argumento de que nadie presentó una denuncia.

El CPC no será contrapeso

En la opinión del especialista los problemas en el diseño del Sistema Anticorrupción, así como la integración de los mismos con ex funcionarios públicos no auguran un futuro promisorio sobre todo si se ratifica el triunfo de Martha Erika Alonso Hidalgo. 

“Sus representantes están vinculados con el morenovallismo, difícilmente generarán un peso político. Sería diferente si ganara Luis Miguel Barbosa Huerta, ya que al no responder a sus intereses podrían generar un contrapeso”.