En su última sesión ordinaria, los diputados locales aprobarán la posibilidad de que el nuevo gobernador pueda rendir protesta ante el Poder Judicial, el nombramiento de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y 59 cuentas públicas, entre las que se encuentra la del exalcalde Eduardo Rivera Pérez, así como la de funcionarios públicos que participaron en el pasado proceso electoral.

De acuerdo con la orden del día prevista para este martes, también está propuesta la aprobación de Inicio de Procedimiento de Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) para 38 ediles y siete exalcaldes.

Entre éstos se encuentra Pablo Morales Ugalde, presidente municipal de Palmar de Bravo, actualmente preso por sus presuntos vínculos con bandas dedicadas al robo de combustible.

También se plantean otros seis IPADR para organismos operadores de agua potable y alcantarillado de los municipios de Tehuacán y Teziutlán.

En la sesión también se admitirán 12 recursos de revocación de sanciones previamente iniciadas en contra de 11 exalcaldes por anomalías en sus cuentas públicas, así como del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango.

En la revisión de cuentas públicas, también se aprobarán sanciones para 54 alcaldes y exalcaldes por no poder comprobar recursos públicos, y se confirmarán IPADRS para 71 sujetos de revisión, entre ayuntamientos y organismos públicos dependientes de la administración estatal, mientras que se desecharán procedimientos administrativos planteados para otras 98 instancias, debido a que sí pudieron solventar las observaciones que previamente les fueron hechas.

En la orden del día también está enlistado la revocación de sanciones que habían sido impuestas a 16 alcaldes y al titular del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Izúcar de Matamoros en 2008, Efraín Marcelino Piña Calderón.

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Reformas constitucionales

En cuanto a las reformas que se plantearán a la Constitución local, está la del artículo 75 para permitir que el próximo gobernador pueda rendir protesta no sólo en el Congreso local, sino también ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Además, los legisladores aprobarán los nombramientos de los dos magistrados faltantes del Tribunal de Justicia Administrativa: María Esther Torreblanca Cortés y Gilberto Suárez Machado, quienes fueron propuestos por el gobernador José Antonio Gali Fayad.

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