Intimidaciones, amenazas, espionaje, ataques físicos o materiales y hasta asesinatos, han ocurrido en Puebla en los últimos ocho años, de acuerdo con el Atlas de Riesgo Electoral que elaboraron organizaciones civiles del país.

De acuerdo con la plataforma, entre 2011 y los primeros días de mayo pasado, se registraron 80 casos de ese tipo en la entidad poblana, cifra que fue superada por Oaxaca (151), la Ciudad de México (148), Veracruz (143) y Guerrero (116), según se indica en la base de datos que puede consultarse en la dirección electrónica atlasriesgoelectoral.mx.

La información recabada por las asociaciones civiles indica que entre 2012 y 2017, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) abrió 44 expedientespor posibles delitos electorales en el estado, cifra que representa la mitad de los 80 actos violentos ubicados en los últimos ocho años.

El atlas fue elaborado por agrupaciones como Movimiento Pro-Vecino, Artículo 19, Rompe El Miedo, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la Asociación Nacional de Alcaldes, Tendiendo Puentes y Democracia MX.

Elecciones llegan hasta asesinatos

De los hechos violentos destacan 19 asesinatos, de los que cinco corresponden a alcaldes que estaban en funciones, tres exalcaldes, dos candidatos a alcalde, un precandidato a alcalde, un precandidato a diputado local, cuatro regidores, un funcionario público y un “director” cuyos datos aparecen como “en reserva”, así como un militante del PRI cuya información también figura como “confidencial”.

Según el Atlas de Riesgo, hubo cuatro privaciones ilegales de la libertad que involucraron a dos reporteros, a un director de un medio de comunicación y a un voceador. Sobresale también un atentado en contra de un exalcalde del PAN ocurrido en 2011.

Destacan también tres casos de espionaje hacía tres comunicadores. Los nombres de las personas afectadas están reservados.

En el periodo de referencia hubo ocho reportes de acoso y hostigamiento y 17 denuncias por amenazas, las cuales fueron en contra de reporteros, fotógrafos y directores de medios de comunicación.

En cuanto a ataques físicos, se contabilizaron 10 reportes, los cuales también involucraron a comunicadores, particularmente de radios comunitarias.

Funcionarios y el crimen organizado, entre los responsables

En 14 de los 80 casos registrados, se presume que los responsables están relacionados con el crimen organizado, y tienen que ver con amenazas de muerte, hostigamiento y persecución física.

En otros 27 registros se presume que funcionarios públicos son responsables de ataques físicos y materiales, intimidaciones, intervención de comunicaciones privadas, privación ilegal de la libertad, daño a equipo y material de trabajo de reporteros, e incluso tentativa de homicidio.

Otros siete hechos se adjudicaron a particulares y, aunque se presume que las agresiones están relacionadas con procesos electorales, sólo en un caso se presume que el posible responsable fue un partido político.

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