A menos de cinco meses de que concluya su periodo, el gobierno municipal lanzó una licitación para adquirir 900 nuevas luminarias para la ciudad de Puebla, adicionales al contrato millonario que se signó al inicio de la gestión con Citelum México S.A. de C.V.

De acuerdo con las bases del proceso, 600 de las piezas a suministrarse e instalarse son luminarias con tecnología LED, de 40 watts, y las otras 300 corresponden a alumbrado público de tipo solar.

En el proceso para ampliar la red de alumbrado público en el municipio no se detallan zonas de instalación ni la inversión prevista, pero sí que será el próximo 8 de junio cuando se conozca al ganador de la licitación.

En junio de 2014, el gobierno municipal de Puebla firmó un contrato con Citelum México S.A. de C.V. por 667 millones 945 mil 512 pesos para que esta empresa prestara servicios hasta el 14 de octubre de 2018, cuando termina la administración.

En términos generales, el contrato señala como compromisos la modernización, complementación, renovación y mantenimiento preventivo y correctivo del parque luminario de alumbrado público del municipio de Puebla. Aunque se menciona un anexo con detalles, éste no aparece en la versión pública del contrato.

Cuando se eligió a esa empresa, el entonces alcalde Antonio Gali Fayad justificó, entre otros aspectos, que la firma establecería parámetros de calidad, que serían sustituidas las 81 mil luminarias por tecnología LED y se ampliarían a 21 mil los nuevos puntos de luz en el municipio.

La elección de esta empresa mediante un contrato millonario fue polémica en su momento por los recursos que erogaría la comuna y por los antecedentes de contratos públicos ganados ya desde 2011.

Hasta junio de 2014, la administración municipal pasada había pagado a esa firma 183 millones de pesos más 38.1 millones por alumbrar dos corredores turísticos y 12.7 millones para adornos navideños.

Desde el ayuntamiento se justificó en su momento que de seis empresas participantes sólo Citelum México S.A. de C.V. hubiera llegado a la segunda etapa.

Una de las críticas fue del entonces regidor priista, Iván Galindo Castillejos, que planteó que los recursos pudieron servir para fortalecer un área del gobierno a cargo y no a un particular.

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