Tras una audiencia de más de 13 horas, este jueves fueron vinculados a proceso los dos ex funcionarios de San Martín Texmelucan detenidos por presuntamente haber conspirado en actos terroristas para la colocación de una narcomanta y por obstaculizar la investigación ministerial por el hallazgo de cuerpos desmembrados.

Ante esta situación, la defensa de Sandra L., quien era directora del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (C2) de Texmelucan, anunció que apelará el fallo del juez ante la justicia federal e interpondrá una queja ante la CNDH por la "pérdida" de medios de prueba por parte del Ministerio Público, durante la audiencia.

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Directora del C2 no habría entregado información completa

Según se expuso durante la audiencia de vinculación a proceso de este jueves en el Centro de Justicia Penal de Puebla, el agente del Ministro Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló a Sandra L. y al ahora ex director de Gobernación, Marco Antonio C., de haber conspirado y atentado contra la correcta administración de justicia.

De acuerdo con el dicho del MP, Sandra L. habría entregado "información incompleta" de bitácoras de llamadas de auxilio; partes de novedades; y videos de cámaras de seguridad que le fueron solicitados mediante el oficio 5082/2018 girado por la FGE el 24 de abril del presente año.

En dicho documento, el MP informó a Sandra que la necesidad de esa información era a fin de investigar el hallazgo de tres cuerpos desmembrados localizados la madrugada del 20 de abril en calles de San Martín Texmelucan, ilícito que se está investigando en la carpeta de investigación 6013/2018/ZC.

Sin embargo, en un oficio con folio 0827/2018, Sandra L. solo habría entregado videos de cámaras de seguridad correspondientes al lapso de las 16:00 a las 19:00 horas del 19 de abril, y negado la existencia de bitácoras de llamadas de auxilio, además de que solo hizo entrega de la relación de las puestas a disposición del mismo periodo de horas.
Ante esta situación, el MP argumentó que la información estaba sesgada, pues aun conociendo el caso que se estaba investigando, omitió la información correspondiente a las horas en las que se hizo el hallazgo, por lo que el juez de control consideró que era una falta grave a su deber como funcionaria pública.

Pese a que la defensa de Sandra argumentó que el oficio hacia énfasis en cierto lapso de tiempo, el juez consideró que debía caber la lógica en la funcionaria para entregar la información necesaria y así paliar el "deficiente trabajo" que suelen hacer los MP al momento de hacer una investigación y procurar a su vez la correcta administración de justicia.

Director de Gobernación habría favorecido a detenidos por narcomanta

En el caso de Marco Antonio C., la FGE señaló que un policía municipal que fue dado de baja el pasado 2 de mayo, fue quien lo señaló de haber ordenado que se les impusiera una sanción mínima a tres sujetos que fueron detenidos el 19 de abril tras una persecución por colocar una narcomanta en el puente que cruza la carretera federal Tlaxcala-Texmelucan.
Según el señalamiento del ex uniformado, Marco Antonio acudió ante la Juez Calificadora y ordenó expresamente que se le diera tratamiento de falta administrativa a la detención, permitiendo que los sospechosos fueran liberados en cuestión de horas tras el pago de 81 pesos de multa y una comisión de 8 pesos, dando un total de 89 pesos.

Si bien su defensa argumentó que su puesto no le permitía dar ese tipo de órdenes a la Juez Calificadora, en la audiencia fue rechazada esta situación ya que existe un señalamiento directo en su contra y además se cumplió el tratamiento administrativo, haciendo suponer que sí hubo injerencia del ahora ex funcionario.

Fue así como tras más de 13 horas de audiencia, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso a ambos, por los delitos de conspiración que derivó en actos del tipo terrorista, en grado de participes; así como en delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia, en grado de autores materiales.

Con ese fallo, el juez de control ordenó que se mantenga la medida cautelar de prisión preventiva necesaria y un lapso de tres meses de plazo de cierre de investigación a fin de que, la FGE y los abogados defensores, recaben evidencia complementaria que permita llevar el caso a una etapa de juicio y determinar así su inocencia o culpabilidad.

Promoverán queja por prueba perdediza

Al término de la audiencia Armando Juárez, quien es parte del equipo de abogados de Sandra L., reveló que además de apelar el auto de vinculación a proceso en contra de su clienta, acudirá ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) luego de que aseguran que el MP hizo perdediza una prueba vital del caso.

Según se pudo constatar en la audiencia, el equipo de defensa de Sandra L. encabezado por el también abogado Samuel León, entregó previo al inicio de la misma un oficio con folio 1026/2018 en el que se demostraba que su defendida sí había entregado videos del 19 y 20 de abril cuando la FGE se los solicitó de manera más precisa.

En dicho oficio se detallaba la entrega de Informes Policiales Homologados (IPH) y de videos de las cámaras de seguridad de los días 19 y 20 de abril, que fueron divididos en dos discos compactos, con la información ya citada.

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Sin embargo al momento de la etapa de debate, el agente del MP aseguró no tener conocimiento de dicho oficio porque el abogado defensor no le entregó copia del mismo, por lo que el juez no podía tomarlo en cuenta al momento de resolverlo sobre la vinculación a proceso.

Aunque el abogado y la imputada aseguraron que antes de la audiencia se le entregó copia simple al MP, finalmente el juez le dio la razón al funcionario y desechó ese medio de prueba que a consideración de los abogados, habría ayudado a que el fallo fuese diferente.

"Previo a la audiencia del día de hoy, se le corrió traslado al Ministerio Público con un oficio, mismo que era determinante para los interesados de nuestra defendida, ¿qué pasó?  Que el MP en audiencia hizo perdedizo ese oficio", argumentó el abogado Armando Juárez.

De este modo, señaló que en días próximos presentarán la queja ante el organismo de procuración de los derechos humanos a fin de que se valore el caso por atentar contra el debido proceso y la presunción de inocencia de su clienta.