En el Senado de la República legisladores del Partido del Trabajo y de Morena acusaron al gobierno de Puebla de orquestar una elección de estado para imponer a Martha Erika Alonso de Moreno Valle como próxima gobernadora.

“Hoy los partidos en el gobierno a nivel federal y estatal temen perder el poder porque por medio de éste se han enriquecido, han hecho negocios con la política; han abusado de ese poder y han delinquido con él. Lo han pervertido porque en lugar de servir a la sociedad se han servido a ellos mismos”, dicen los legisladores.

El caso de Puebla es particularmente grotesco en ese afán por mantenerse en el poder, pues el gobierno del estado, valiéndose de las instituciones locales, comente todo tipo de atropellos y arbitrariedades, incluido el reparto masivo de dádivas, condicionamiento de programas sociales, difusión masiva de campañas negras o de odio, destrucción u obstaculización de propaganda electoral, advierten.

“En Puebla, el gobierno del estado ha recurrido a éstas prácticas ilegales como expresión de su autoritarismo, en desfalco del erario público poblano y de la equidad electoral constitucionalmente mandatada”, insistieron los legisladores.

En ese contexto, acusaron al gobernador José Antonio Gali de ordenar la cancelación de espectaculares del candidato a la gubernatura por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, Miguel Barbosa Huerta, con la finalidad de anular la libertad de expresión de los candidatos de dicha coalición y favorecer indebidamente a la candidata de su partido, Martha Erika Alonso de Moreno Valle, utilizando recursos públicos para ello.

Por ello, legisladores del PR y de Morena presentaron un punto de acuerdo para pedir que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condene todo acto de intromisión del gobierno de Puebla en el proceso electoral local, con la finalidad de coaccionar el voto o afectar la equidad en la contienda.

Además, para que solicite al Instituto Nacional Electoral que inicie, de oficio, una investigación al gobierno que encabezado por José Antonio Gali Fayad, por la comisión de actos que vulneran de manera grave los  principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los procesos electorales.