Enrique Doger Guerrero, candidato del PRI a la gubernatura, propuso sanear el río Atoyac hacia el año 2031, al firmar compromisos con la organización Dale la cara al Atoyac para invertir en infraestructura y conformar un plan de gobierno. 

En entrevista, afirmó que aplicará la ley en contra de las empresas que contaminan el río, incluidas las inmobiliarias como Grupo Proyecta, la cual conecta sus aguas residuales con arroyos que desembocan en el Atoyac. 

La ley contra inmobiliarias

Doger Guerrero afirmó que la meta al 2031 se debe a que no es posible sanear el río en seis años.

Afirmó que hay estudios de la UNAM que tienen clara la metodología y las acciones para lograr el objetivo, las cuales se retomarían por su administración en caso de ganar el próximo 1 de julio. 

Sostuvo que se aplicará la ley en contra de las empresas que contaminan el río, incluidas las textileras y las inmobiliarias como Grupo Proyecta que realiza descargas residuales e incluso realiza obras para agrandar el cauce. 

“(Grupo Proyecta) es el más visible por el desarrollo enorme de Lomas de Angelópolis pero no es la única. Cuando proponemos la aplicación de la ley no solo es para las empresas textileras sino también para las inmobiliarias”. 

Agregó que este es un tema que también involucra a los ayuntamientos, instancias que expiden las licencias, pues acotó que no se pueden construir fraccionamientos sin especificar a donde descargan. 

“Las descargas de los desarrollos inmobiliarios deben llegar a los ríos como aguas ya tratadas”, acotó. 

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En cintura a las empresas 

Manifestó que en los primeros meses de su administración se trabajará en un diagnóstico para determinar cuáles son las empresas que contaminan, y sancionarlas. 

Sostuvo que lo anterior no implica que esté en contra de la iniciativa privada sino que el objetivo es regular a las empresas para que no contaminen el río. 

“No tenemos duda: son las descargas municipales y de algunas empresas las que contaminan el río, no de ahora sino de hace muchos años. Queremos que se cumpla la ley, que no haya descargas ilegales”.

Asimismo, se comprometió a que funcionen las plantas de tratamiento que no lo hacen, por lo que sostuvo que también es necesario un compromiso de la iniciativa privada.