A pesar de que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctima de estos Delitos ha sido reformada en dos ocasiones integralmente, todavía no se han incorporado las recomendaciones de expertos en la materia y organizaciones especializadas, señala un estudio elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez.

El documento “Iniciativas y reformas legislativas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”, identifica dos posturas en este debate: la primera reconoce que a pesar de que este ordenamiento tiene “ambigüedades e inconsistencias”, éstas no afectan su aplicación. En contraparte, la otra postura considera que la aplicación de la Ley vigente se encuentra limitada por la falta de armonización legislativa, la confusión de los delitos establecidos en la misma y las inconsistencias con respecto a otros ordenamientos.

La investigación del IBD refiere que la adhesión del Estado mexicano al Protocolo de Palermo marcó el inicio de una serie de acciones para combatir a la trata en nuestro país, entre ellas la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de noviembre de 2007, la cual estuvo vigente hasta el 14 de junio de 2012 cuando se publicó en el DOF el decreto que la abroga y expide la nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, la cual se encuentra actualmente vigente.

El IBD apunta que entre el 1 de septiembre de 2012 y el 15 de abril de 2018 se presentaron 11 iniciativas con Proyecto de Decreto para reformar y derogar distintas disposiciones de dicha ley, de las cuales cuatro se desecharon o su dictamen fue en sentido negativo y seis se encuentran pendientes de dictaminación.          

Ante la conclusión del último periodo ordinario de sesiones, el IBD indica que las iniciativas pendientes por dictaminar formarán parte de la agenda legislativa de la siguiente legislatura que entrará en funciones el 1º de septiembre de este año.