La falta de regulación adecuada coloca a Puebla por debajo del cumplimiento óptimo en la contratación de obra pública, según lo señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En su reporte “Índice legal de obra pública”, la organización resaltó que el gasto en obra que hacen los gobiernos debe someterse a un “minucioso escrutinio público” y adecuados mecanismos de control, pues se han generado casos de corrupción y desvíos.

Para ello, el IMCO midió el cumplimiento de 15 estados del país en 144 criterios relativos a la contratación de obras, tales como la legislación que siguen, sus instrumentos de evaluación y los reglamentos para ejecutar proyectos, por mencionar algunos ejemplos.

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Hay una legislación débil

Puebla se colocó por debajo del 60 por ciento de cumplimiento de los 144 criterios evaluados, de acuerdo con los resultados del estudio, particularmente porque no cuenta con mecanismos alternativos de solución de controversias en caso de que la realización de algún contrato no sea la que se pactó.

El IMCO identificó que la legislación poblana cuenta con diversas debilidades, por ejemplo, no se prevén fuentes de información si se desea realizar una investigación de mercado sobre las empresas a contratar para realizar obra pública.

Por otra parte, la legislación no regula esta actividad en los poderes Judicial y Legislativo, así como tampoco abarca los organismos autónomos. Existen también preferencias a contratistas que empleen recursos humanos e insumos propios de la región, aspecto que fue considerado como erróneo por el Instituto.

En caso de que se tenga que hacer alguna modificación a los contratos de obra, la ley lo permite y más allá del 10 por ciento del valor total del proyecto, situación que también fue criticada en la evaluación.

En el índice participaron México, Veracruz, Sonora, la capital del país, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Michoacán, Baja California, Campeche, Tamaulipas, Nuevo León y Querétaro, las cuales no resultaron bien evaluadas, pues sus puntajes se ubicaron por debajo del 60 por ciento en una escala de cero a 100.

La fiscalización de la obra pública fue el rubro que alcanzó el mayor nivel de cumplimiento, mientras que el uso de las tecnologías de la información es la principal carencia como mecanismo de transparencia y rendición de cuentas a nivel nacional.

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