Hasta 15 años podrían tardar servidores públicos en apegarse al Nuevo Sistema de Justicia Penal, advirtió Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, según ha ocurrido en otros países.

En entrevista, el académico explicó que en América Latina, fiscales, defensores y licenciados en derecho tardaron de 8 a 15 años en aplicar el nuevo sistema, que se concretó conforme a los cambios generacionales.

“Estamos viendo lo que ocurre en otros esquemas de cambio de América Latina, donde tardamos de 8 a 15 años en ir ambientándonos en las responsabilidades y obligaciones de los servidores del sistema jurídico mexicano”, explicó.

En este sentido, destacó la importancia de que los servidores públicos y defensores se capaciten en la materia para que este sistema entre en funcionamiento de manera inmediata.

Señaló que por acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior impartirán cuatro diplomados dirigidos a fiscales, defensores y asesores jurídicos de víctimas, así como un diplomado de actualización para facilitadores de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

El objetivo es fortalecer sus conocimientos y habilidades para la correcta aplicación del Sistema de Justicia Penal, considerando cuestiones de género, derechos humanos y la cultura de la legalidad.

Ochoa Bilbao señaló que la implementación del nuevo sistema no está ligada con el alza delictiva en México, puesto que se trata de un fenómeno que se venía “arrastrando” y frente a un escenario complejo, tardará aún más en implementarse.

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