En la Ciudad de México, el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), presentó el reporte “La impunidad subnacional en México y sus dimensiones IGI-MEX 2018”, trabajo coordinado por el Dr. Juan Antonio Le Clercq Ortega y el Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académicos e investigadores de la UDLAP.

“Desde la publicación en 2015 del primer Índice Global de Impunidad, la Universidad de las Américas Puebla ha señalado que la lucha contra la impunidad es el elemento clave de una estrategia para combatir la violencia y corrupción que afectan a México. El nuevo IGI-MEX 2018 no sólo confirma los resultados presentados por la versión publicada en 2016, muestra también que, al hacer caso omiso de nuestras recomendaciones, las autoridades permitieron que el nivel de impunidad estatal aumentara en –prácticamente– todo el país”, expresó Derbez Bautista.

Mencionó además que la publicación ofrece datos específicos que permitirán diseñar un programa de medidas verificables y evaluables por la sociedad en el combate a la violencia y corrupción que hoy afligen al país. Asimismo, el rector de la UDLAP dio a conocer que en el IGI-MEX 2018 participaron académicos y estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, “con lo que la UDLAP reitera su vocación de excelencia en la investigación y su compromiso social con México y sus ciudadanos en el fortalecimiento del Estado de Derecho”.

Asimismo, recalcó que los partidos políticos deben asumir la responsabilidad y entender que si quieren combatir la corrupción y la violencia tienen que eliminar la impunidad; siendo ésta la única manera de mejorar los niveles de seguridad, el acceso a la justicia y la protección de derechos humanos en nuestro país. También se requiere invertir, capacitar y mejorar los puntos que se detallan en el Índice Global de Impunidad: “no es un asunto de quién gobierna, es un asunto de cómo se gobierna y se definen prioridades y de qué manera se implementan”, subrayó el rector Derbez.

Durante su participación el Dr. Juan Antonio LeClercq Ortega, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, señaló que la impunidad es un fenómeno que requiere ser estudiado por sí mismo, no sólo acompañado de seguridad, justicia, violencia y corrupción porque retroalimenta y multiplica los efectos de estos problemas, aumenta el nivel de las víctimas y agudiza problemas como la corrupción e incluso la violación a los derechos humanos.

En comparación con los resultados del IGI-MEX 2016, aplicando estrictamente la misma metodología y midiendo las mismas dimensiones y variables, el IGI-MEX 2018 ofrece las siguientes conclusiones:

 ·         Estados con impunidad al alza. Estas entidades aumentaron en cinco puntos o más su índice de impunidad: Aguascalientes (+7.48 puntos), Tlaxcala (+7.37 puntos), Nayarit (+6.65 puntos), Puebla (+6.4 puntos), Chiapas (+5.68 puntos), Guanajuato (+5.66 puntos), Tamaulipas (+5.49 puntos) y Coahuila (+4.95 puntos).

·         Estados con los índices más altos de impunidad (diez principales): 1) Estado de México (80.06), 2) Tamaulipas (78.88), 3) Baja California (78.08), 4) Coahuila (77.88), 5) Quintana Roo (77.33), 6) Guerrero (76.08), 7) Aguascalientes (75.85), 8) Veracruz (75.62), 9) Puebla (75.59) y 10) Oaxaca (75.12).

·         El homicidio no se castiga en México. El porcentaje de encarcelados por homicidio con relación a los homicidios en averiguaciones previas bajó de 27.5% a 17.09%.

·         Estados que prácticamente no tienen sistema de justicia. Debemos recordar que México tiene cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo (3.9 frente a 16 por cada cien mil habitantes). El país se encuentra en esta situación por el déficit que presentan dichas instituciones, tanto en los estados, como en el ámbito federal. Las siguientes entidades tienen un número inferior al promedio nacional de jueces y magistrados para atender a su población: Aguascalientes (3.34), Baja California (2.73), Coahuila (2.74), Hidalgo (2.5), Estado de México (2.32), Michoacán (3.2), Nuevo León (2.56), Puebla (1.5), Sonora (3.31), Tamaulipas (3.08), Tlaxcala (2.82) y Yucatán (2.97).

·         El número de jueces y magistrados por cada cien mil habitantes aumentó marginalmente de 3.5 a 3.59.

·         México tiene la mitad (50.86%) de los policías preventivos estatales que debería tener como mínimo.

·         Los ministerios públicos están colapsados: el número de agencias es de 3.53 por cada cien mil habitantes. Su personal disminuyó de 33.9 a 31.19, los agentes de 7.6 a 6.27 y por cada mil delitos registrados la proporción de agentes pasó de 5.31 a 4.97 (todo por cada cien mil habitantes).

·         El porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia pasó de 35.7% a 27.71%, producto de la implementación del sistema de justicia penal.

·         La proporción entre el personal del sistema penitenciario y el número de reclusos disminuyó en un 15%, pasando de 0.2 en IGI-MEX 2016 a 0.17 en IGI-MEX 2018. 

·         Con 80.06 puntos el Estado de México es la entidad con el índice más alto de impunidad en el país: se registran 202,205 carpetas de investigación, la cantidad más alta en todo el país. Únicamente hay 1,209 sentenciados en primera instancia y sólo el 0.59% de las carpetas acaba en sentencia, lo que habla de la debilidad en la integración de las carpetas por parte de los ministerios públicos.