A cinco meses de haberse perpetrado el feminicidio de la estudiante de la UPAEP, Mara Fernanda Castilla Miranda, la Fiscalía General del Estado aún no tiene las evidencias necesarias para llevar a juicio a Ricardo Alexis "N", chófer de Cabify acusado de asesinarla.

El feminicidio de Mara Castilla ocurrió el 8 de septiembre del año pasado cuando la joven originaria de Veracruz pero radicada en Puebla por sus estudios, abordó el vehículo Cabifyconducido por Ricardo Alexis para ir de San Pedro Cholula a su hogar, pero en el trayecto fue privada de la libertad y llevada a un motel, donde abusaron de ella y posteriormente la estrangularon.

Fuentes cercanas al caso confirmaron a e-consulta que ante esta situación, el agente del Ministerio Público adscrito al caso solicitó una prórroga de dos meses para el cierre de investigación, mismo que debió concluir el pasado 16 de enero, por lo que hace al delito de privación ilegal de la libertad.

Asimismo, en días recientes hicieron lo consiguiente con el proceso por feminicidio, cuyo plazo vencía el 5 de febrero pero ante la falta de evidencia para realizar el desahogo de pruebas e iniciar la etapa de juicio, demandaron una prórroga por el mismo tiempo.

De este modo, la Fiscalía tendría hasta el 16 de marzo y 5 de abril como límite para integrar evidencia en los procesos de privación ilegal de la libertad y feminicidio, respectivamente, toda vez que las acusaciones no han sido conmutadas.

Dichos plazos ya no podrían ser modificados nuevamente, toda vez que de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece como máximo un lapso de seis meses para que tanto el Ministerio Público como la defensa, recaben evidencia probatoria y de descargo.

Cabe destacar que esta situación contradice las declaraciones que en septiembre del 2017 realizó el fiscal General, Víctor Carrancá Bourget, cuando aseguró tener pruebas, testimonios y exámenes que les permitían acreditar la culpabilidad de Ricardo Alexis.

Por su parte, el detenido continuará internado en el Cereso de San Miguel hasta que no concluya su procedimiento penal, el cual en caso de hallarlo culpable, podría hacerlo acreedor a una pena de hasta 60 años de cárcel, de acuerdo con el código para la materia del Estado de Puebla.

[relativa1]

[relativa2]