Héctor Sánchez Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), confirmó que realiza “ajustes administrativos” en la estructuras del Poder Judicial del estado, con el fin de dar un mensaje de transparencia a la ciudadanía.

En una entrevista que otorgó este miércoles, el magistrado evitó abundar en las presuntas anomalías que habría detectado en el TSJ, como contrataciones o gastos injustificados, y se concretó a señalar que “están trabajando arduamente por la impartición de justicia”.

Sánchez refirió que fueron cuatro jueces los que presentaron una renuncia voluntaria, y los cuales aún no han sido reemplazados, pero tampoco accedió a abundar en el tema.

“Estamos trabajando para que con algunos ajustes administrativos demos una cara de transparencia, de agilidad que demanda la sociedad, y con esto te digo que venimos para ver hacia adelante, tenemos varios objetivos…”, acotó.

Sin embargó, aseguró que respaldará al personal del Poder Judicial, pues dijo que hay trabajadores valiosos que merecen ser reconocidos.

Lo anterior, tras presidir la presentación del diplomado “Desarrollo de Estrategias Avanzadas en Procedimientos Penal Acusatorio” que organiza el Centro de Especialistas en Transparencia y Derecho Penal.

Urge capacitación y digitalización, señalan

En su oportunidad, Diana Cristal González Obregón, doctora en Derecho y quien formó parte del equipo de redactores del nuevo Código Nacional Procedimientos Penales, subrayó que aunque el balance en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal (SJP) es positivo, es necesario que las autoridades trabajen en la capacitación de perfiles.

Explicó que para lograr un funcionamiento adecuado del nuevo modelo de impartición de justicia, es necesario capacitar de manera individual a los policías, agentes ministeriales, jueces o fiscales, pues cada uno cumple con una función distinta.

La jurista también señaló que es prioritario que los gobiernos destinen más recursos técnicos, por ejemplo, mencionó que es escasa la digitalización de expedientes, lo que obstaculiza la resolución de casos, pues un juez no puede revisar de manera rápida los antecedentes de una persona señalada de cometer algún delito.

No obstante, insistió en que el nuevo SJP sí funciona, pues de acuerdo con estadísticas nacionales, de cada 10 detenciones, nueve son legales, y de cada decena de carpetas de investigación, también nueve se vinculan a proceso.

El nuevo modelo, dijo la especialista, desahogó la carga de trabajo que tenían en los juzgados para resolver casos que “carcomen” a la sociedad, como los homicidios y feminicidios.

La abogada visitó este miércoles la capital del estado para participar en la presentación del diplomado. Sobre la capacitación que reciben los alumnos de Derecho, agregó que es necesario que las universidades otorguen cursos más amplios sobre el nuevo SJP, pues actualmente la enseñanza del tema es mínimo pese a que es la base de la impartición de justicia en el país.

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