El Congreso del Estado utilizará todos los recursos que  ley que le permita interponer en contra del juicio de amparo que Eduardo Rivera Pérez interpuso en contra de su inhabilitación por 12 años, afirmó Jorge Aguilar Chedraui.

A dos días de dejar la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el panista evitó dar detalles sobre la queja que el Poder Legislativo presentó ante un Tribunal Colegiado, lo que permitió aplazar hasta el 29 de enero la audiencia entre los equipos jurídicos del Congreso y la Auditoría Superior del Estado, con la defensa de Rivera Pérez.

Aguilar Chedraui reconoció que como líder de la LIX Legislatura indicó que se presentara el recurso, y que al nuevo presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Carlos Martínez Amador le corresponderá ratificar este acuerdo.

“Es un recurso estrictamente legal. Las áreas técnicas del Congreso tiene una indicación que yo di y que le tocará ratificar, si es que así lo decide, al presidente de la Junta de Gobierno, que es recurrir, absolutamente apegados a ley, a todo a lo cual legalmente crean necesario hacer (…). La Auditoría Superior del Estado es quien lleva la mayor de las cargas en este procedimiento jurídico contencioso”.

La queja que el Congreso presentó el pasado 19 de diciembre va en contra del acuerdo que el Juez Tercero de Distrito emitió y en el cual ordenó al Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado (ASE) a entregar la información referente a la inhabilitación por 12 años del ex alcalde de Puebla.

El acuerdo se tomó el 11 de diciembre y la autoridad judicial advirtió que, de no cumplir con lo señalado, el órgano fiscalizador y el Congreso tendrían una sanción.

En mayo de 2017, Eduardo Rivera Pérez, ex alcalde de Puebla, promovió un segundo juicio de amparo 943/2017, del cual se ha retrasado que se emita una sentencia, debido a que tanto el Congreso y la  ASE entregaron extemporáneamente la documentación requerida y promovieron quejas ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

En agosto, la Auditoría Superior del Estado presentó una queja que suspendió por cuatro meses el juicio de amparo, pero en noviembre desistieron del recurso.

Si bien al juicio de Rivera Pérez todavía no se le dicta una sentencia, el Juez Tercero de Distrito ordenó una medida cautelar para que su nombre no aparezca en el Registro Nacional y Estatal de Servidores Públicos Sancionados, determinación que mantiene a salvo sus derechos político-electorales y le permitiría participar en la elección de 2018.

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