Entre enero y agosto de 2017, la Contraloría estatal confirmó 46 sanciones a servidores públicos, principalmente a directores, analistas, verificadores sanitarios y policías. La mayoría consistieron en inhabilitaciones temporales y suspensiones del cargo.

Del total de penalizaciones, 20 fueron inhabilitaciones temporales, 10 suspensiones del cargo, siete amonestaciones públicas y dos privadas, cinco sanciones económicas, un apercibimiento público y una destitución del puesto.

Inhabilitan a directores y a exfuncionarios de Marín

Dos de las inhabilitaciones corresponden Rodolfo Arellano Ortega, quien se desempeñaba como director de Obra Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Cabe mencionar que aunque esta área es municipal, la sanción fue de carácter estatal.

Otro caso es el de José Carlos Orozco de la Isla, quien laboraba como director general del Instituto Poblano de la Vivienda, durante el sexenio de Mario Marín Torres.

En la lista también se encuentran cinco jefes de departamento que están adscritos a la Policía Estatal Preventiva, a la Secretaría de Finanzas y Administración(SFA), a la Dirección de Grupos Especiales, a la Jurisdicción Sanitaria número 3, y a la dirección de Vinculación del Instituto de Capacitación para el Trabajo(ICATEP).

José Antonio Garrido Natarén, exrector de la Universidad de Tecamachalco, es otra de las personas inhabilitadas por la Contraloría poblana, sin embargo en 2009 había sido destituido de la dirección del Instituto Tecnológico de Veracruz, por problemas con la plantilla docente.

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Suspenden a 10 de sus cargos

En otras 10 ocasiones, la Contraloría suspendió de su cargo al mismo número de servidores públicos, de los que seis se desempeñaban como analistas, además de un psicólogo, un asesor jurídico, un jefe de departamento, un verificador sanitario y una persona más que laboraba en la categoría Profesional B.

Posteriormente, destacan las amonestaciones públicas, que suman siete. En otras cinco ocasiones, la Contraloría indicó que la sanción ameritó una multa económica –aunque no se especifica el monto de cada una de éstas-.

Otros dos servidores públicos fueron amonestados de manera privada, además, hubo un apercibimiento público, así como una destitución del cargo.

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