Un total de 15 inhabilitaciones, una destitución, seis amonestaciones públicas y privadas, cuatro suspensiones del empleo y una sanción económica en contra de funcionarios y exfuncionarios públicos reportó la Secretaría de la Contraloría en el primer trimestre de 2017.

Entre estas destaca una inhabilitación por cinco años en contra de José Carlos Orozco de la Isla, exdirector del Instituto Poblano de la Vivienda durante el sexenio de Mario Marín Torres.

Según la más reciente actualización del padrón de sancionados, la inhabilitación por cinco años a Orozco de la Isla corresponde al expediente 124/2011 y se le impuso una sanción económica por 25 mil pesos.

Se determinó que durante su periodo creó 13 puestos de líderes de proyectos sin la autorización de la entonces Sedecap.

En ese mismo expediente se establece una inhabilitación por cinco años y sanción económica por 35 mil pesos en contra de Ignacio Mendoza Fuentes, ex director de Administración y Finanzas del Instituto Poblano de la Vivienda.

Bloquean a exrector por 12 años

También destaca la inhabilitación por 12 años en contra del exrector de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, José Antonio Garrido Natarén, contenida en el expediente 39/2015, por infracciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En dicho expediente se establece una sanción económica por 332 mil pesos.

En el expediente 40/2015 se establece una segunda inhabilitación por 12 años en contra de dicho exfuncionario por otras faltas al ordenamiento y una sanción económica que asciende a los 13.8 millones de pesos.

Inhabilitan por 12 años a exfuncionario del SESP

Por su parte, Carlos Bulmaro Laredo Torres, exencargado de Despacho de la Subdirección de Finanzas del Consejo Estatal de Seguridad Pública fue inhabilitado por 12 años y se le impuso una sanción económica por 18.3 millones de pesos, por diversas violaciones a la Ley de Servidores Públicos.

Adelina Pérez Torres, jefa de Departamento de la Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles de la Secretaría de Finanzas y Administración fue destituida e inhabilitada un año con seis meses por omisiones en el acuerdo para la baja, desincorporación y destino final de los bienes muebles propiedad del gobierno del estado al servicio de las entidades y dependencias.

Otra de las inhabilitaciones a destacar es la que le impusieron por dos años a Julio César Ángel Chiney, jefe de Departamento de la Policía Estatal Preventiva, por diversas irregularidades.

La única destitución registrada este año fue en contra de María del Carmen Hernández Ramos, auxiliar de Puericultura de la Estancia Infantil número 2 del ISSSTEP, por diversas irregularidades en el desempeño de su cargo.

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