El Senado aprobó en lo particular la Ley de Seguridad Interior que regula la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

Con 71 votos a favor del Partido Revolucionario Institucional y sus aliados, la le ley fue aprobada. En contra votaron 34 senadores y 3 se abstuvieron.

Los legisladores de oposición acusaron al PRI y el Verde Ecologista de haber permitido la militarización del país.

Aseguraron que la ley es inconstitucional y que no toma en cuenta el respeto de los derechos humanos ni hizo caso de los llamados de la Organización de las Naciones Unidas.

Los opositores pusieron en reserva el nombre de la ley 34 artículos, pero el PRI y sus aliados los desecharon.

Una de las modificaciones obliga a los gobiernos locales y municipales que pidan la presencia de las fuerzas armadas a que diseñen un plan para profesionalizar a los cuerpos policiacos.

Las comisiones del Senado propusieron 10 modificaciones en el dictamen original que envió la Cámara de Diputados.

El jueves 30 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior y la envió al Senado de la República.

En el documento se indica que cuando los municipios soliciten la aplicación de la Ley de Seguridad Interior se deberá establecer una fecha límite, la cual no podrá rebasar un año.

“La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año”.

“Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de Seguridad Interior a su cargo. Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del presidente de la república, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad”.

Los diputados indicaron que en los estados en los que ya están las fuerzas militares, las autoridades tendrán un plazo de 90 días pasa solicitar la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

En el documento se establece que quedará prohíbo utilizar la Ley de Seguridad Interior en casos de manifestaciones no violentas.

Los diputados precisaron que la preservación de la seguridad interior no implica la restricción o suspensión de derechos y garantías.

“Permitirse una represión de ese tipo, la misma sería contraria a lo establecido en los artículos 1º, 7 y 9 de la Constitución, pues la preservación de la seguridad interior no lleva aparejada de forma alguna la restricción o suspensión de derechos y garantías”.

La ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicaron que las modificaciones que se le han hecho a la Ley de Seguridad Interior no son cambios esenciales y que es necesario atender los señalamientos que han hecho.

“La vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantendrían vigentes en tanto las eventuales modificaciones no implicarían cambios sustantivos. Además, las observaciones son de tal envergadura y las voces en contra que se han manifestado de tal diversidad, que resulta indispensable la materialización de una deliberación amplia, honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados, en el marco del respeto a la dignidad humana”.

Si la Ley de Seguridad Interior se aprueba hoy será enviada a la Cámara de Diputados para que se ratifiquen los cambios y se envíe al Ejecutivo para que la promulgue.

Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, presentó en tribuna el dictamen aprobado.

“Concluyo. Queda claro, no se militarizarán las calles, al contrario, se pone orden”.

Crédito de la foto Televisa News