La Organización de las Naciones Unidas lamentó que el Senado haya aprobado la Ley de Seguridad Interior.

“Para la Oficina es lamentable que haya sido aprobada”.

Elisabeth Throssell, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que no consideran que haya sido una buena decisión.

“No creemos que sea un paso positivo”.

Aseguró que el alto comisionado, Zeid Ra'ad Al Hussein, estima que quienes deben ocuparse de tareas de seguridad pública son los policías, no los militares.

“El país debería centrarse en reforzar la policía nacional y no convertir a las Fuerzas Armadas en una parte fundamental de la seguridad interna”.

Oposición afirma que la ley es anticonstitucional

Durante el debate sobre la Ley de Seguridad Interior, los senadores de oposición aseguraron que la ley es inconstitucional y que no toma en cuenta el respeto de los derechos humanos ni hizo caso de los llamados de la Organización de las Naciones Unidas.

Los opositores pusieron en reserva el nombre de la ley 34 artículos, pero el PRI y sus aliados los desecharon.

Una de las modificaciones obliga a los gobiernos locales y municipales que pidan la presencia de las fuerzas armadas a que diseñen un plan para profesionalizar a los cuerpos policiacos.

Las comisiones del Senado propusieron 10 modificaciones en el dictamen original que envió la Cámara de Diputados.

El jueves 30 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior y la envió al Senado de la República.

En el documento se indica que cuando los municipios soliciten la aplicación de la Ley de Seguridad Interior se deberá establecer una fecha límite, la cual no podrá rebasar un año.

“La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año”.

“Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de Seguridad Interior a su cargo. Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del presidente de la república, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad”.

Los diputados indicaron que en los estados en los que ya están las fuerzas militares, las autoridades tendrán un plazo de 90 días pasa solicitar la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

En el documento se establece que quedará prohíbo utilizar la Ley de Seguridad Interior en casos de manifestaciones no violentas.

Crédito de la foto NDS Noticias