La ejecución de una persona por parte de un militar en Palmarito Tochapan forma parte de los 489 procesos judiciales contra militares en tribunales civiles que no se han resuelto de 2012 a 2016, reveló el estudio denominado “La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, de la organización Advocacy for Human Rights in the Americas (Wola por sus siglas en inglés).

En el estudio se revela que de un total de 505 investigaciones abiertas contra militares en México durante ese periodo solo se han resuelto 16.

Bajo porcentaje de éxito

Las 16 sentencias condenatorias representan apenas el 3.2 por ciento del total de procedimientos judiciales abiertos en contra de militares.

La organización que promueve los derechos humanos en la Américas señala que hay acciones relacionadas con las autoridades militares que frenan el desarrollo de las investigaciones, entre las que destaca que se inicien pesquisas simultáneas o paralelas a las civiles (como en el caso de los hechos de Palmarito Tochapan); dificultad para que los soldados declaren como acusados o testigos en el sistema de justicia civil y alteraciones de las escenas del crimen por parte de las fuerzas castrenses.

Palmarito uno de los casos pendientes

Respecto al caso de Palmarito Tochapan, el estudio establece que a través de un video del día de los hechos (3 de mayo de 2017) se evidenció que un soldado ejecutó a un civil involucrado en el enfrentamiento entre presuntos huachicoleros y el Ejército.

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Agrega que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Fiscalía de Justicia Militar abrieron investigaciones en el sistema de justicia penal acusatorio en contra del sargento involucrado y en contra de otros soldados.

Señala que aunque la PGR presentó el caso ante un juez civil este consideró que “no se presentaron las pruebas suficientes para acreditar que ocurrió el delito” ni que el sargento acusado hubiera participado en él, además de que “el soldado se encontraba en un escenario de guerra”.

“La PGR consideró que el juez había actuado con parcialidad y simpatía hacia el soldado.

Esta decisión muestra que a veces las decisiones de los jueces dificultan o atrasan las investigaciones de la PGR”.

En la relatoría de los hechos la organización destaca que tras su recurso de apelación un tribunal unitario revocó la decisión del juez y consideró que la investigación civil debía continuar pues había evidencia de que la ejecución de la víctima había sido el resultado del uso letal y excesivo de la fuerza, además de que le habían disparado en el rostro aun cuando ya estaba sometida.

Entre las dificultades halladas en la investigación en el estudio se destaca que los soldados que declararon en contra del sargento argumentan haber sido presionados por la PGR para incriminar a su compañero, aunque posteriormente los testimonios fueron considerados válidos.

Guerra militarizada aumenta violación de derechos humanos

En el reporte la organización concluye que la estrategia de seguridad militarizadas emprendida desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en contra del crimen organizado ha tenido consecuencias graves como el aumento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos.

Destaca que también ha disminuido la urgencia y la presión de una reforma policial, aunado a que la rendición de cuentas ha sido “prácticamente inexistente”.

“Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México”, subraya.

En la opinión de esta organización norteamericana la única posibilidad de justicia y verdad para las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares son las investigaciones civiles.

Asimismo considera una amenaza la Ley de Seguridad Interior que discute actualmente en el Congreso de la Unión, ya que validaría la participación militar en la seguridad pública, lo que sería un retroceso para el sistema penal acusatorio.

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