Tras la campaña que en redes sociales lanzó Uber este martes, el Congreso del Estado modificó el dictamen de reforma propuesto por el gobernador Antonio Gali Fayad para regular a las empresas de transporte ejecutivo, con lo que se retiró la exigencia para que los choferes adquieran una licencia mercantil para trabajar.

La modificación hecha al dictamen de la Comisión de Transporte se presentó tras un receso de dos horas de la sesión ordinaria del Pleno, periodo en el quedirectivos de Uber sostuvieron un encuentro con legisladores, aunque el líder del Congreso, Jorge Aguilar Chedraui, evitó confirmarlo.

Las empresas además no estarán obligadas a hacer público su padrón de socios, entregar información de los recorridos en tiempo real y sólo podrán cobrar por sus servicios a través del registro de una tarjeta de crédito. Los choferes deberán aprobar exámenes toxicológicos, psicológicos e socioeconómicos, así como capacitarse en derechos humanos.

En lo general, la iniciativa de reforma a la Ley de Transporte del Estado de Puebla se validó con 31 votos a favor, dos en contra de Socorro Quezada Tiempo (PRD) y Julián Peña Hidalgo (independiente), la abstención de Pablo Fernández del Campo (PRI) y la excusa de Juan Carlos Natale López, quien es propietario de vehículos que laboran para la empresa Uber.

La reforma surgió tras los asesinatos de las jóvenes universitarias Mara Fernanda Castillo Miranda por parte de un chofer de Uber y Mariana Fuentes Soto por un operador de Cabify, por lo que ahora las empresas deberán ser corresponsables de lo que suceda durante los servicios contratados.

Retiran licencia mercantil y dejan cobro electrónico

Sólo con licencia de automovilista y no del servicio mercantil, los choferes de las Empresas de Redes de Transporte (ERT) podrán ofrecer el servicio ejecutivo en Puebla.

El cambio en la fracción I del artículo 45 Ter lo impulsó el diputado panista Pablo Montiel Solana. La propuesta, la cual dejó fuera a la del mandatario estatal para que se tramitaran licencias del servicio mercantil, como lo hacen los taxistas tradicionales, contó con el respaldo de 26 diputados, mientras que seis legisladores votaron en contra.

Este cambio fue cuestionado por la diputada Socorro Quezada Tiempo, quien desde la tribuna advirtió que no se estaban permitiendo condiciones de equidad entre los prestadores del servicio del transporte, debido a que los conductores de los taxis tradicionales deben tramitar su licencia mercantil que tiene un costo de 4 mil 500 pesos.

A su vez los legisladores mantuvieron la propuesta de que los servicios que ofrezcan las ERT se cobrarán “únicamente” de forma “electrónica”, mediante unatarjeta de crédito, por lo que queda prohibido que lo hagan también en efectivo como hasta hoy sucede.

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Transparentarán padrón de conductores pero no de socios

Al menos una vez al mes, los concesionarios de las ERT deberán entregar al gobierno estatal el padrón de los conductores, pero no se transparentarán los nombres de los socios de empresas como Uber, lo cual quedó aprobado en el artículo 85 Bis.

Otros requisitos que se imponen a los choferes son la aplicación de exámenes toxicológicos, psicológicos e investigaciones socioeconómicas; la capacitación en derechos humanos, género y discriminación.

Los conductores interesados en ser parte de las ERT deberán de actualizar de manera semestral su carta de antecedentes no penales, mientras que las compañías tendrán que comprobar, a través de un tercero, que los interesados en emplearse en las plataformas no se encuentren registrados en bases multijurisdiccionales de otros estados.

Sólo a petición de autoridades darán información de recorridos

Con un cambio en la redacción de la fracción VI artículo 92 Quáter, el Congreso limitó que sea sólo por requerimiento de la autoridad competente y bajo criterios de seguridad e investigación, que se tendrá acceso a las tecnologías de teléfonos inteligentes, sistemas de posicionamiento global y plataformas tecnológicas de las compañías, a fin de observar los datos de los usuarios.

La modificación propuesta por Montiel Solana impide que la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte pueda consultar esta información en cualquier momento.

Diversas organizaciones se habían pronunciado en contra de esta medida ya que advertían un riesgo para la seguridad y privacidad de los datos de los usuarios.

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