Contrario a lo que ocurre en la mitad de los estados del país, el Código Penal de Puebla no prevé sanciones para los funcionarios públicos por retrasar investigaciones sobre feminicidios.

Así lo refleja un informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el cual indica que aunque entre 2013 y 2015 organizaciones civiles registraron 160 homicidios violentos de mujeres en Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE) solamente investigó 32 casos como feminicidios.

El documento fue presentado este martes, un día después de que la CNDH solicitó al gobierno federal que emita una “alerta de género” para combatir el alto nivel de violencia que padecen las mujeres en la entidad.

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Funcionarios sin sanciones

De acuerdo con la CNDH, Puebla es uno de los estados donde no existen sanciones para los funcionarios encargados de impartir justicia que entorpezcan las indagatorias en los casos de feminicidio.

Caso contrario se registra en Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y Quintana Roo, pues ahí sí se prevén penas en ese sentido.

En contraste, Puebla se encuentra entre los estados con los castigos más severos para quienes cometen este delito, ya que van de 40 a 60 años de cárcel, dependiendo de los agravantes, como por ejemplo que la víctima haya estado embarazada.

Mínimos, los procesos por feminicidio

En el “Diagnóstico de la CNDH como integrante de los grupos de trabajo que dan seguimiento a los procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”, se da a conocer que entre 2013 y 2015 hubo 32 procesos penales iniciados por el delito de feminicidio en Puebla, según lo informó la FGE a través de solicitudes de información públicas.

Esta situación se presenta aunque en esos años, organizaciones civiles como el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) registraron 160 homicidios de mujeres que presumiblemente se cometieron por razón de género. De estos, en 2013 hubo 50 casos, en 2014 60 y en 2015 fueron 50 más.

Fue el 9 de marzo de 2016 cuando el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica A.C. y la Organización Todos para Todos A.C. solicitaron por primera vez una alerta de género para Puebla, pero la Comisión Nacional para Erradicar y Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim) no la emitió y, en cambio, sólo hizo recomendaciones al gobierno estatal para atender el problema.

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